Deudas básicas pendientes con la comunidad LGBTQ+

En este mes de junio aprovechamos para recordarles a las y los legisladores que tienen una agenda pendiente con la comunidad LGTBQI+ dominicana. El Congreso Nacional es el espacio para garantizar que todos los ciudadanos estén protegidos ante la ley y puedan hacer uso plenos de sus derechos. El actual proceso de campaña 2019-2020 ha establecido división entre algunos sectores sin embargo, los discursos políticos tienen la responsabilidad de promover una República Dominicana más justa y más unida basada en derechos. 

  • Nos faltan marcos legales que tipifiquen y sancionen de forma concreta la violencia y discriminación de las personas LGBTIQ+. 

En el 2017 un estudio realizado por el Centro de Orientación e Investigación Integral  (COIN) en República Dominicana donde un 45% de los participantes se identificaron como personas LGBT evidenció que el 83.2% había sufrido alguna forma de violencia o discriminación en los últimos tres años. 

La comunidad ha generado esfuerzos para combatir la discriminación y avalando  estándares internacionales y tomando en cuenta las voces de las distintas partes interesadas generaron el Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación que cuenta con 36 artículos, orientados en gran medida a preservar los derechos de los grupos y poblaciones que por su condición se consideran vulnerables. 

El anteproyecto se depositó el 10 de agosto del 2016 al poder ejecutivo y se solicitó información sobre su estatus el 31 de octubre del 2018 a lo que se le respondió que está siendo revisada por el departamento jurídico de dicho poder. 

  • Hacer campaña política promoviendo la discriminación de otras comunidades es antidemocrático y fomenta la segregación. 

En un artículo titulado “Discurso de odio, incendio arrasador”, Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas advierte contra la “oleada de intolerancia y de violencia impulsada por el odio” que ha proliferado en el mundo en contra de minorías étnicas, sexuales y religiosas, con las redes sociales como catalizador, y hace un llamado a tomar medidas para proteger los derechos humanos y promover el estado de derecho.

En esta campaña electoral 2019-2020 han prevalecido los ataques a la tolerancia, inclusión y diversidad que se evidencia en un discurso en contra de los derechos de la población LGBTIQ+ y de las mujeres, que ha causado la división de la población en momentos de crisis política y sanitaria donde es aún más importante que el tejido social se mantenga unido. La grave situación de la violación de los derechos civiles y políticos de la población LGTBQI+, como el maltrato de la policía (violaciones sexuales, golpes y humillación) hacia las trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero descritos en el reporte de Amnistía Nacional del 2019, en vez de ser asumida como un compromiso político, ha sido desconocida y hasta minimizada por muchos de los candidatos a puestos electivos.

Dependerá de la voluntad política del próximo gobierno y Congreso implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022, que es el marco normativo más completo e integral para la garantía de los derechos fundamentales y protección de la dignidad humana de todos los y las dominicanos/as y que, en materia de avances en favor de la comunidad LGTBQI+, incluye un programa de concienciación de las autoridades respecto a diversidad sexual y la revisión y aprobación del Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación. 

  • Necesitamos programas de prevención y atención al abuso policial en contra de la población LGTBQI+. 

Las actitudes discriminatorias de los cuerpos castrenses constituyen una primera barrera para el acceso a la justicia de la comunidad LGTBQI+. Según un diagnóstico realizado sobre la población trans en República Dominicana, 40% de las personas trans han tenido un altercado con la policía, entre los más comunes están detenciones arbitrarias, violencia física y extorsión (USAID 2016). 

De forma más general, el sistema de justicia es débil en su protección de la población LGTBQI+, especialmente las mujeres trans, quienes son frecuentemente objeto de violencia e impunidad. Según la Fundación Astraea, desde 2006 hasta 2017 se reportaron 38 casos de asesinatos de mujeres trans y solo 4 cuentan con sentencia ante la justicia. En el caso de TRANSSA, solo 5 de 48 crímenes registrados tienen condena. 

Dentro de la misma policía, de acuerdo al Régimen Disciplinario de la Policía Nacional Dominicana, está penalizada la actividad sexual entre miembros del mismo sexo, por lo que, la discriminación existente por orientación o identidad sexual está institucionalizada.

  • Urge la modificación del Código Penal dominicano, para que incluya la figura del crimen de odio: transfobia, lesbofobia, feminicidio. Con el fin de erradicar la violencia contra la mujer, la violencia basada en la orientación sexual, la identidad de género y eliminar la impunidad de los casos registrados por las organizaciones Trans.

Cuando desde la justicia se identifica un delito como figura jurídica entonces la ley es clara y tiene mayor poder de persecución. En miras de eliminar crímenes por discriminación los crímenes de odio deben ser tipificados en la ley dominicana. 

Los crímenes de odio son actos dolosos, generalmente realizados con rencor, que implican, pero no se limitan a, violaciones de; el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la propiedad (daño, vandalismo, robo).

“Son formas violentas de relación con las diferencias sociales y culturales. Estas agresiones se sostienen, en una densa trama cultural originada en el prejuicio, que sirve para trazar fronteras entre grupos, colectivos o comunidades” 

Fuente:  Álvarez (2016), Crímenes de odio contra las disidencias sexuales: concepto, orígenes, marco jurídico nacional e internacional

  • La ley de trabajo en el ámbito de la discriminación no especifica la discriminación por orientación sexual, tampoco el reglamento interno del Ministerio de trabajo y se debe fortalecer y promover políticas de inclusión en las Empresas del Estado y privadas.

Existe la Ley No. 135-11 de VIH y SIDA que protege en casos de discriminación labora. Establece “toda persona con el VIH o con SIDA tiene derecho al trabajo; en consecuencia, queda prohibida toda discriminación laboral por parte del empleador no puede por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, como condición para obtener un puesto laboral, conservarlo u obtener un ascenso.”  Tampoco es válido su despido por estas razones. 

Ley No. 135-11, Art. 6, 8 y 9. 

  • Todavía queda mucho que hacer para que el Plan de Salud Sexual y Reproductiva y la Estrategia de prevención y atención de las ITS/VIH se traduzca en acceso universal a salud de calidad sin discriminación.

Las personas LGBTIQ+ experimentan un alto nivel de estigmatización en los centros hospitalarios y de atención médica de parte del personal de salud, especialmente durante los exámenes físicos, por lo que su acceso a la salud se ve reducido. Además, los medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH/SIDA y las pruebas de laboratorio aún no son incluidos en la Seguridad Social aunque haya sido solicitado formalmente al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) por el Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA) desde el 2012.

Según CONAVIHSIDA, un 56% del personal médico que trabaja en centros de atención integral con poblaciones claves prefiere no dar servicios a hombres gais, mientras que 27% prefiere rechazar atención a personas trans. Más allá de sus opiniones, se evidencia la falta de capacitación para tratar con temas relacionados con salud sexual ya que un 18% del personal del estudio expresó estar aprehensivos de tocar a un paciente con VIH por miedo a contagiarse. 

Según el Ministerio de Salud, 56% de las nuevas infecciones de VIH provienen de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), gays y transgénero, mujeres trabajadoras sexuales (TRSX) y población migrante (haitiana). La prevalencia del VIH en mujeres trans y HSH/gais es de 18% y 5.2% respectivamente.

Para combatir la prevalencia del VIH y otras ITS en esta población algunas acciones de fortalecimiento del sistema incluirían: mayor acceso a preservativos masculinos y femeninos, implementación de programas de salud sexual sectoriales, promoción de los servicios que se ofrecen, equidad en la oferta de servicios de salud, y la inclusión en el programa de salud mental. 

La República Dominicana le queda mucho por hacer en materia de protección a comunidades vulnerables y discriminación, incluso a comunidades que no representan una minoría cuantitativa sin embargo viven desigualdad, como las mujeres dominicanas. Es necesario combatir la violencia desde el ámbito jurídico, luchar por la independencia de este poder y que pueda garantizar a todos los dominicanos y dominicanas una vida libre de discriminación.

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