El Poder de la Inmensa Minoría

La palabra poder ha tenido una connotación importante en el día a día de nuestra República Dominicana, algunos políticos la describen como una manera de coaccionar a los opositores, el ciudadano de a pie dice que no se cede, sino que se arrebata y los oficialistas la emplean a imagen y semejanza de la doctrina de Maquiavelo.

Para poder llegar a entender el verdadero significado debemos de remontarnos a la etimología de la palabra, la cual proviene del latín vulgar potere y se interpreta como la capacidad para el acto. Asimismo, hunde sus raíces en el griego δυναμις, el cual es usado por Aristóteles en la Metafísica donde se relaciona con la potencialidad o posibilidad que habita en un ente que lo impulsa a desarrollar la plenitud de su ser (ἐντελέχεια, entelequia).(1)

Nietzsche al referirse sobre el tema analiza que “la vida es voluntad de poder porque es ella quien conquista lo que anhelamos”.(2) Siguiendo la misma línea, Abraham Lincoln expresa lo siguiente, “Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder”. Tal y como se puede apreciar de ambas líneas de pensamiento, el poder reside en uno mismo por lo tanto su uso dependerá de nuestra conciencia.

Los defensores de las técnicas opresivas y persecución ciudadana hablan de que este país no es Suiza y eso es totalmente cierto, sin embargo, una cosa es no serlo por factores económicos y otra muy distinta a no poder serlo por el uso abusivo de los recursos del Estado, entre otros factores que han provocado que aun en el 2019 tengamos las mismas problemáticas de hace dos o tres décadas.

“Los defensores de las técnicas opresivas y persecución ciudadana hablan de que este país no es Suiza y eso es totalmente cierto, sin embargo, una cosa es no serlo por factores económicos y otra muy distinta a no poder serlo por el uso abusivo de los recursos del Estado”

Partiendo de las analogías y definiciones anteriores, el uso del poder no es un tema de arbitrariedad sino un deseo o voluntad de lograr una meta o cometido. Quizás esta es la razón que genera esta gran confusión, pensar que el poder es un arma para frenar voluntades, cuando realmente es todo lo contrario, es un motor que busca impulsar a una sociedad a lograr sus metas.

Churchill decía que “El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes.” Esto es algo a tomar en cuenta cuando vemos las actitudes de apego al poder que no son propias de una democracia exitosa y el deseo de un falso protagonismo con el solo objetivo de idolatrar a una figura, pero esto no es un patrón que solo se sigue en nuestro país, el mismo se repite en muchos lugares del mundo de forma abrumadora.

En la actualidad social en la que vivimos, los ciudadanos demandamos un mejor cumplimiento de las políticas del Estado, al igual que mayores niveles de transparencia institucional y por supuesto, que no se violen los códigos de conducta, todo partiendo de una normativa constitucional que regula esta relación entre particulares y la administración.

Debemos de reconocer que esto no es solo un tema normativo nacional, sino que son mencionados por los tratados internacionales de los cuales somos signatarios. En el informe titulado «Una vida digna para todos: acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y promover la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015» (A/68/202), se destacó la importancia de consolidar la paz y la gobernanza eficaz ambas se basan en los derechos humanos y el estado de derecho, mediante instituciones sólidas.(3) Por esta razón se aprobó el 31 de octubre del año 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual fue firmado en el mismo año por nuestro país y ratificado 3 años después en el congreso.(4)

Por lo tanto, nos atrevemos a decir que esta convención ha fallado de manera estrepitosa en países con bajos niveles de institucionalidad, llamados falsamente democráticos, Latinoamérica no escapa a esto y luego del escándalo de Odebrecht se puede afirmar que la mayoría de los ciudadanos de los países afectados, perdieron la fe en la funcionalidad de su democracia.

Es la razón principal por la que vemos protestas alrededor del mundo, es parte de esta lucha por gobiernos con mayor transparencia y que funcionen para sus administrados, donde exista equilibrio de riquezas y ¿por qué no? Mejores accesos a los servicios públicos, pero sobre todo que no se utilice el poder que el ciudadano le otorga a sus administradores o representantes en contra de los mismos.

En nuestra normativa constitucional se define el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho(5) y la misma delimita sus facultades al ampliar su espectro de aplicabilidad en normativas de menor rango o en este sentido de categoría inferior a la constitución que se encargan de especificar el alcance de ese poder otorgado. Por esta razón encontramos que parte primaria de los principios normativos que rigen el derecho administrativo se encuentran en la constitución y luego readaptados a las distintas normativas.

Hacemos una rápida mención a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en la cual, siempre de manera transversal se observa el principio de legalidad vigente en su normativa. 6 Pero por igual podemos encontrar en la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo7 la misma característica particular.

En las normativas citadas anteriormente, el Estado pasa a tener en el Siglo XXI un rol de árbitro parcial en la toma de decisiones para poder dar protección al bien común, pero robustece en materia de supervisión las acciones de los sectores regulados y sus comportamientos económicos, en fin, se modifican las relaciones privadas y particulares entre entes contratantes a diferencia de las practicas anteriores, siempre fundamentados en la legalidad.

Pero la realidad de la aplicabilidad de esta normativa es totalmente contraria a lo establecido en esta. Esto surge por un factor que no identificamos al principio pero que si es preponderante al momento de determinar el riesgo que tomamos como ciudadanos al otorgarle poder a nuestros símiles para que desarrollen funciones, este es, el factor humano.

Debemos de reflexionar, si la normativa a la cual nos apegamos estuvo preparada para poder palear este imprevisto o siempre fue débil al momento de crearse, entendemos que la respuesta se encuentra en la normativa constitucional al referirse de manera directa en su artículo 8, el cual habla sobre los imperativos constitucionales y legales de carácter judicial; la Constitución Dominicana reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos inherentes a la persona, propendiendo siempre a la aplicación correcta de la norma e interpretando los hechos reales de acuerdo con la sola conciencia del que la aplica. (8)

Por lo que volvemos nuevamente al principio de esta problemática, el factor humano, pero esta vez no culpabilizando a los encargados de mantener el orden o representarnos en nuestro congreso, sino a nosotros mismos que estamos encargados de elegir de manera objetiva y lógica a las personas que mejor representen nuestros intereses colectivos o particulares.

Es mea culpa de nosotros los ciudadanos el haber otorgado confianza plena a nuestra propia humanidad, pecando de dejadez al momento de ejercer nuestra cuota social. En el caso de nuestro país, fue un acto de imprudencia basado en un espejismo estadístico, el otorgarle a un solo partido la mayoría congresual bajo la falsa premisa de que un gobernante necesita manejar el estado con la capacidad de proponer normativas que puedan ser aprobadas de manera directa y que no se pasase por un filtro de observación previa.

Ese es el rol que debe tener el congreso como poder del Estado, ser el primer filtro de análisis de una normativa o proyecto de ley. Algo que sería imposible de lograr en un congreso donde la mayoría de las partes pertenecen a una misma facción partidaria o “ideología política” y solo una pequeña minoría los observa mientras sus votos disidentes se quedan en el olvido, todo lo contrario, a la teoría propuesta por Locke y Montesquieu que una democracia moderna debería de siempre tener en mente. (9)

Pero no todo el panorama es desalentador, se acerca el momento de ver si como nación aprendimos la lección o repetiremos los mismos errores que nuestros vecinos. El próximo año 2020 se presenta un momento fundamental en una democracia, el ejercicio del sufragio por lo que será un año electoral. Tomemos reflexión de si estamos conformes con la manera en que ha funcionado el sistema, ¿Todo está mal?, ¿Solo se deben de modificar algunas cosas? ¿Nos representan realmente nuestros funcionarios o administradores?

Todas estas preguntas deben de encontrar una respuesta sincera en la reflexión, ¿Seremos capaces de dormir en las noches conformes con nuestra decisión? Eso dependerá de nosotros los administrados, tal y como lo reflexiona Seneca en su frase “El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo”.

1 http://etimologias.dechile.net/?poder
2 Nietzsche, Friedrich, La voluntad de poder, Madrid, EDAF, 2000.
3 https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/governance/
4 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html
5 Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
6 Artículo 3. Numeral – 9) Principio de razonabilidad. Ninguna actuación, medida o decisión de autoridad competente en la aplicación e interpretación de esta ley deberá exceder lo que sea necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección efectiva del interés y del orden público, perseguidos por esta ley. Dichas actuaciones, medidas o decisiones no deberán ordenar o prohibir más de lo que es razonable y justo a la luz de las disposiciones de la presente ley.
7 Artículo 3. Principios de la actuación administrativa. En el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la Administración Pública sirve y garantiza con objetividad el interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con las personas
8 Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
9 Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748.

Dejanos tu Comentario

*
*