La encrucijada en la participación política de las mujeres. Elecciones Municipales: Distrito Nacional

El 15 de marzo de 2020, República Dominicana celebró elecciones municipales extraordinarias, constituyendo uno de los procesos electorales más complejos suscitados en el país durante los últimos 20 años. Aspectos como la ruptura a lo interno del partido oficialista, la conformación y puesta en escena de un nuevo partido, el marcado transfuguismo entre militantes de un partido a otro, la desigualdad en el financiamiento, la crisis de confianza en las instituciones arbitras del proceso electoral, producto de la suspensión de las elecciones el domingo 16 de febrero, constituyen desafíos importantes que invitan a cuestionar el orden desigual que impera a nivel político, económico y social en nuestro país y pensar sus implicaciones en el ejercicio del poder político.

A lo largo del tiempo, se ha construido un imaginario que concentra la política como un campo de predominio masculino, imaginario que se reproduce en las diferentes instituciones políticas y se nutre a partir de ideas estereotipadas que impiden el reconocimiento por parte de los partidos políticos y la ciudadanía, de las mujeres como sujeto político.  Los partidos políticos se han caracterizado por constituir organizaciones machistas y adultocéntricas, en las que mujeres y jóvenes, cumplen un rol secundario.  

El grado de calidad de la democracia interna de los partidos es proporcional a la participación política de mujeres y jóvenes, solo basta con observar cómo se distribuye el liderazgo en los organismos de dirección, los horarios en que son pautadas las reuniones, el acceso a las mujeres a fuentes de financiamiento político para la campaña y las narrativas estereotipadas que reafirman la esfera pública como un espacio de hombres. Estos aspectos, profundizan la desigualdad en la participación política de las mujeres y obstaculizan que alcancen la igualdad de derechos y oportunidades. 

A pesar de los avances en el marco normativo, contemplados en la Ley orgánica de Régimen Electoral no° 15 – 19 y la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hay resistencia los partidos políticos apostar a la igualdad. Mediante la resolución No° 28-2019, la Junta Central Electoral (JCE) solicitó a los partidos políticos que respetaran los porcentajes correspondientes a la equidad de género en el nivel municipal contemplando la presentación de 40% mínimo y 60% máximo de candidaturas femeninas y masculinas en los cargos de regidores, suplentes de regidores y vocales, por cada demarcación. 

Para estas elecciones municipales extraordinarias municipales participaron 25 partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados en la JCE). En el Distrito Nacional, de cara a dirigir la alcaldía de la capital, seis partidos políticos lideraron las nominaciones. El PRM, con posibilidad de mantenerse en la alcaldía, tenía que dar respuesta a sus aspirantes electos mediante primarias y también a las de seis  partidos políticos aliados, y el PLD, por su parte, a sus nominaciones propias electas en primarias abiertas y ocho partidos aliados, incluidos el PLD. El PRSC debió abrir paso al recién nombrado partido Fuerza del Pueblo y, en el caso de AlPaís, Partido Verde y el PDI, llevaron sus propias candidaturas o aliados a agrupaciones que, por diversos motivos, la JCE no reconoció. En sentido general, se presentaron cinco  candidatos y una candidata, y un total de 187 nominaciones, 75 mujeres y 112 hombres, a ocupar los 37 curules en el Consejo de Regidores. 

La participación de las mujeres quedó relegada a su relación mínima de 40%. El PLD y el PRM cumplieron con el principio de equidad de género 40/60 en la presentación de candidaturas a las tres (03) circunscripciones de este municipio. AlPaís y el PDI cumplieron en todas las circunscripciones en las que presentaron la cantidad suficiente de nominaciones, a excepción del PRSC que incumplió en dos circunscripciones, eliminando de esta forma la posibilidad a cuatro (4) mujeres ser nominadas en estas demarcaciones. 

En el Distrito Nacional, de 38 cargos hábiles a ser electos, el PRM y aliados obtuvieron la mayoría de los votos, convirtiendo a Carolina Mejía en la primera mujer alcaldesa del Distrito Nacional y alcanzando veintitrés curules al Concejo de Regidores, trece curules obtenidos por el PLD y aliados, y uno por el PRSC.  

A diferencia de 2016, los resultados arrojan una marcada polarización política en el Distrito Nacional, permitiendo la continuidad en la gestión de la capital por el PRM, y aumentando los escaños obtenidos para los partidos PLD y el PRM, de 09 a 13 regidores-as y de 13 a 23 regidores-as, cada uno.  En el caso de los partidos PRD, Frente Amplio, BIS, DXC y el BIS, estos participaron en alianza con el PRM y el PLD. 

A pesar de haber obtenido el puesto titular a la alcaldía, cuando se analiza la relación de cargos electivos ganados, la distribución de género es bastante  desigual. Los hombres dominan la mayoría de posiciones de poder y las mujeres siguen relegadas a cargos secundarios. A partir del próximo 24 de abril, el Distrito Nacional estaría constituido mayoritariamente por hombres con edades comprendidas entre los 36 y 65 años, representando estos 54%. En esta ocasión, las mujeres perdieron un escaño, para el periodo 2016-2020, las mujeres ocupaban 11 de los 37 curules hábiles en la casa capitular. 

Respecto a los grupos etarios, el 73.68% está compuesto por edades comprendidas entre los 36 y 65 años, seguido de nueve  jóvenes, que representan el 23.68%, con edades comprendidas entre los 24 y 35 años de edad. El rango se reduce cada vez más cuando se relaciona la condición de ser mujer y joven, en el que apenas dos mujeres jóvenes alcanzaron curul de representación. 

Las mujeres comprenden el 51.14% del electorado, han constituido el 66.6% quienes aspiraban a desarrollar funciones en los colegios electorales este 2020, no obstante, representan el 24.21% de los cargos municipales electivos ganadores a nivel nacional. Derribar los techos de cristal a lo interno de los partidos políticos, eliminar los obstáculos institucionales y legales, y las barreras sociales relacionadas a las tareas de cuidado y roles que acorralan el accionar de la mujer al ámbito doméstico, constituyen tareas pendientes que en lo inmediato deben ser enfrentadas a fin de generar mayores condiciones de igualdad de derechos y oportunidades.

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