Más allá del Barrilito

Por Franiel Genao

En estos días ha retomado con mucha fuerza el debate sobre a la eliminación en el Congreso Nacional de los fondos que tienen asignados los legisladores para “ayuda sociales”, que en el Senado tiene el nombre de Fondo de Gestión Provincial y en la Cámara de Diputados recibe el de Programa de Asistencia Social, conocidos popularmente como “Barrilito” y “Cofrecitos”, respectivamente, ambos sin ningún soporte legal que justifique su existencia dentro de las funciones que le corresponde a estas instituciones garantes de la democracia.

Se le suele culpar del origen del uso de estos fondos a las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el congreso, que en el reciente ciclo electoral, perdió la hegemonía que mantuvo por 16 años consecutivos en ambas cámaras legislativas. Pero esta práctica es más antigua, y en nuestra historia reciente se remontan a los gobiernos de Balaguer y del PRD en las décadas de los años 70 y 60, respondiendo a una visión patrimonialista y asistencialista que pervive todavía hoy en muchos funcionarios públicos electos o designados sobre la forma en la que se gestionan los fondos públicos.

Lo que sí pasó es que cuando el PLD asumió la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados, en 2006, estos fondos comenzaron a operar con una supuesta mayor “institucionalidad”, pues se pasó de ser una atribución discrecional de ambas presidencias a darse un reglamento para su uso, que en el Senado pasó a transferirse a una cuenta particular a cada senador y el monto se definía a partir de la cantidad de electores de la provincia a la que correspondía el legislador, mientras que en la Cámara de Diputados en ese momento se delimitó un fondo de 50 mil pesos  por diputado y en una serie de áreas a las cuales se le podía asignar este dinero; estudiantes, compra de medicinas, asistente, discapacidad, entre otros. Este último es hoy de 100 mil pesos mensuales.

Es loable que ya hay varios legisladores en esta legislatura, como en anteriores que han renunciado al uso de los mismos, pero lamentablemente esto no es suficiente, lo que debe proceder es la eliminación de estas partidas presupuestarias de las que disponen los legisladores, que no es solo una responsabilidad del Poder Legislativo, sino además que debe ser una medida impulsada por el Poder Ejecutivo, quien a través de la Dirección General de Presupuesto, es el responsable de la elaboración cada año del Presupuesto General del Estado, que contiene estas partidas.

Además de esto es importante que con la eliminación de estos fondos de uso discrecional y político por mucho legisladores, que suponen una distorsión de la democracia para quienes quieran competir en buena lid en unas próximas elecciones, que a la par se pueda mejorar las condiciones bajo las cuales operan muchas de las unidades de apoyo institucional del Congreso Nacional, en especial a lo que se refiere al personal asignado a los legisladores que es precaria, puesto que tenemos un Estado y una sociedad que en la realidad no entienden todavía a cabalidad el papel que le corresponde  jugar a los legisladores como lo dicta la constitución de la República.

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