Movilización ciudadana: un proceso en ascenso

Por Virginia Antares

Los gobiernos de Danilo Medina representan el último tercio del ciclo político que inició en el país 1996 con la llegada al poder del PLD y que concluyó 24 años más tarde, con la salida del poder de ese mismo partido el año pasado. 

El nivel de movilización protagonizada por las clases medias en los centros urbanos durante ese ciclo de más de dos décadas (otro análisis sería el de las movilizaciones en los sectores populares) puede concebirse como una línea en ascenso: inicia con una relativa hibernación durante los primeros ocho años hasta el 2004; seguido de una germinación tímida que poco a poco va creciendo hasta llegar al éxito del movimiento por la defensa de Los Haitises en 2009, y continúa in crescendo a partir de entonces, con los últimos cuatro años siendo testigos de las movilizaciones más grandes y sostenidas que ha vivido el país, en particular la Marcha Verde. 

Esto significa que los dos periodos de Medina fueron de intensa actividad ciudadana, iniciando en 2012 con el movimiento Justicia Fiscal y finalizando en 2020 con el de la Plaza de la Bandera. Curiosamente, ambas expresiones usaron el color negro como símbolo de luto frente a un sistema político que, una y otra vez, traiciona a la ciudadanía. 

Ahora que se abre un nuevo ciclo político, con nuevos actores en el poder y nuevas oportunidades de conquistas democráticas, vale la pena repasar las principales movilizaciones y protestas de estos dos últimos gobiernos del PLD y reflexionar sobre las lecciones que nos dejan para esta nueva etapa. 

Justicia Fiscal (2012). El primer movimiento social que enfrentó Medina como presidente fue el de Justicia Fiscal, que se gestó en parte a través de las mismas organizaciones y redes que se habían articulado en torno al 4% para la Educación. Sin embargo, a diferencia de este último, que era un movimiento de ofensiva (exigiendo el aumento del presupuesto público para un sector determinado), en esta ocasión se trató de un movimiento defensivo, en contra del aumento de impuestos o “paquetazo fiscal” que presentó el gobierno para hacer frente al mayor déficit fiscal de la historia del país hasta ese entonces, de 200 mil millones de pesos. Además de rechazar una reforma tributaria regresiva, que aumentó la carga impositiva sobre los sectores más pobres, el movimiento exigió la investigación y sanción para los responsables del déficit, generado en parte por el uso de recursos públicos para financiar la campaña electoral del partido gobernante. Su concentración más importante tuvo lugar en el Parque Independencia, donde se estima que llegó a aglomerar a unas diez mil personas. A pesar de su éxito de convocatoria, Justicia Fiscal no pudo impedir la aprobación de la reforma tributaria, que hizo al sistema impositivo dominicano aún más regresivo, profundizando los niveles de desigualdad social.

Bahía de las Águilas (2013). Una de las acciones de protesta más sencillas, pero de mayor impacto mediático y simbólico de la última década, fue la repartición de un bizcocho con la forma del país frente a la Suprema Corte de Justicia, como símbolo de la manera en que la clase política se ha repartido el patrimonio público. Esta acción formó parte de las protestas exigiendo que el gobierno recuperase una serie de títulos de propiedad que se entregaron de manera fraudulenta en la década de los 1990 sobre más de 362 millones de metros cuadrados de la zona de Bahía de las Águilas. A raíz de la presión ciudadana, el gobierno accedió a cancelar las negociaciones con los falsos propietarios y asignó a la abogada Laura Acosta para que llevase el caso, quien en 2019 logró la sentencia final que garantiza la recuperación por parte del Estado de los terrenos en cuestión; sigue pendiente la sanción de los responsables. “No solamente se recupera lo robado, sino que también se sanciona”, expresó Acosta luego del fallo de la Suprema Corte. 

Loma Miranda (2013-2014). La lucha por la defensa de Loma Miranda ha tenido diferentes episodios y ha logrado impedir hasta el momento la explotación de esa zona forestal por parte de la megaminera Falcondo. El movimiento se inserta en una tradición de resistencia local a los proyectos de megaminería, sea Falcondo en Bonao, Pueblo Viejo en Cotuí (ambas se remontan a las luchas de los años 80s y continúan hasta la actualidad), o lugares bajo amenaza de explotación, como San Juan de la Maguana. La defensa de Loma Miranda también puede entenderse como parte de un creciente movimiento ecologista en el país, que rechaza la relación extractiva y destructiva con la naturaleza y pone en cuestión su supuesta justificación económica. En ese sentido, puede asociarse a las múltiples protestas y manifestaciones por la defensa de parques naturales, áreas protegidas y áreas verdes. 

Derecho a la nacionalidad (2013-2014). Durante los últimos ocho años se han venido realizando diversas acciones de rechazo a las políticas discriminatorias que viene aplicando el gobierno desde al menos 2007 contra ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. Estas acciones se agudizaron con la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que privó de nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas y creó una situación de apatridia inédita en el país. A partir de la sentencia, se articularon diversos grupos, entre los que destaca la red de jóvenes Reconoci.do y la coalición Dominicanxs por Derecho, que continúan abogando activamente por los derechos de la ciudadanía de ascendencia haitiana.

Funglode (2013-2014). Un episodio significativo en la tradición de protestas ciudadanas fueron las manifestaciones y vigilias que se dieron frente a las oficinas y frente a las sedes de actividades de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), propiedad del entonces presidente Leonel Fernández, exigiendo que se investigara las acusaciones de corrupción presentadas por el ex fiscal y líder político Guillermo Moreno. Estas acciones estuvieron marcadas por la represión tanto de la Policía Nacional, que en varias ocasiones apresó a jóvenes manifestantes, como del partido de gobierno, que en una de sus prácticas más autoritarias llegó a enviar “paleros” a atacar a manifestantes pacíficos. Aunque no fueron muy multitudinarias, en estas protestas y en las Cadenas Humanas que le siguieron se fueron tejiendo parte de las redes y del discurso anti-corrupción que luego catapultaría Marcha Verde. 

Cadenas Humanas (2015). El suicidio del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que destapó una red de extorsión y robo en la construcción de escuelas públicas, fue el detonante de la serie de manifestaciones ciudadanas que se autodenominaron Cadenas Humanas contra la corrupción y que se extendieron durante los últimos meses de 2015, alimentadas por otros escándalos que también se hicieron públicos para la misma época, así como por la  actitud represiva y violatoria de derechos que recibieron de parte de las autoridades. Cinco años más tarde, recién se acaba de lograr una de las principales demandas de este movimiento: el cierre de la OISOE. La presión ciudadana también logró que se enjuiciaran y condenaran a cuatro personas por asociación de malhechores y otros delitos; pero los entonces directores de la institución, los ingenieros Miguel Pimentel Kareh y José Florencio, fueron excluidos del expediente. De alguna manera, la corrupción expuesta en el caso de la OISOE obligó a cuestionar el “éxito” del movimiento por el 4% para la educación, pues puso en evidencia que los supuestos recursos conquistados por la ciudadanía se estaban despilfarrando y robando. Esta realización fue significativa para articular un discurso que conecta los altos niveles de corrupción e impunidad con la falta de acceso a servicios públicos de calidad y a derechos básicos; discurso que estuvo a la base de las movilizaciones de la Marcha Verde. 

Marcha Verde (2017-2018). El movimiento social con mayor capacidad de convocatoria sostenida (al menos un año y medio) en la historia reciente del país, la Marcha Verde puede entenderse como el resultado de la acumulación de años de escándalos de corrupción pública que no habían tenido sanción ni consecuencias, tendencia que tuvo su punto culminante en el escándalo de Odebrecht. El movimiento cuestionó la legitimidad del gobierno del PLD, al denunciar el financiamiento ilegal de la campaña de Medina para las elecciones de 2016 y el control del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Su principal logro inmediato fue el de posicionar el tema de la corrupción y la impunidad como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y conectarlo con la carencia de recursos para servicios públicos de calidad. Por otro lado, la imposibilidad de lograr justicia para los involucrados en el caso Odebrecht llevó a profundizar el debate sobre la necesidad de reformas institucionales en el país, en particular la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, y la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. En este sentido, a diferencia de los movimientos que le precedieron, Marcha Verde ataca un elemento estructural del sistema político dominicano, como lo es la falta de una Justicia independiente. 

Marcha de las Mariposas (2019). Probablemente la manifestación más concurrida que se ha organizado en defensa de los derechos de las mujeres en tiempos recientes tuvo lugar en 2019, en conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y fecha del asesinato de las hermanas Mirabal. El éxito de convocatoria de esta marcha anual evidencia una creciente sensibilización hacia los derechos de las mujeres, en particular con la exigencia de políticas de prevención y sanción hacia los altos niveles de violencia de género y feminicidios en el país. Sin embargo, más allá del posicionamiento del tema en el debate público, las principales demandas del movimiento siguen pendiente: la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la despenalización en el Código Penal de la interrupción del embarazo en las tres causales. En los próximos meses se verá si el movimiento cuenta con la fuerza necesaria para lograr esta última. 

Plaza de la Bandera (2020). Las protestas de la Plaza de la Bandera, luego de la suspensión inédita de las elecciones municipales de febrero pasado, pueden entenderse como una reacción vigorosa contra las intenciones autoritarias del gobierno de Medina. Desde la perspectiva ciudadana, el PLD mostró estar dispuesto a boicotear las elecciones antes que aceptar una posible derrota. Permitírselo hubiese significado bloquear el único canal que quedaba abierto a la ciudadanía (las elecciones) frente al blindaje institucional que construyó el gobierno para garantizar su total impunidad. Por eso, uno de los aspectos más significativos de las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, más allá de su masividad, fue que demostraron un compromiso firme y profundo de la ciudadanía dominicana con la democracia. Se podría afirmar que este episodio selló el deseo popular de un cambio de gobierno y catapultó la salida del PLD del poder y, con ello, el cierre de un ciclo político de más de dos décadas. 

Este recorrido no es exhaustivo y omite muchas otras protestas y manifestaciones que también han sido importantes. De todas formas, esta mirada hacia atrás nos permite sacar algunas reflexiones sobre la movilización ciudadana de la última década: 

  1. La represión no funciona. De hecho, los intentos represivos del gobierno tienden a aumentar la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía hacia la movilización. Desde el ataque al padre Mario Serrano frente al Palacio Nacional durante la lucha por el 4% hace casi diez años, hasta el lanzamiento de bombas lacrimógenas en la Plaza de la Bandera, la represión violenta por parte de las autoridades ha tenido el efecto de catalizar las manifestaciones. Esto es motivo de celebración por cuanto muestra el compromiso que mantiene nuestra sociedad con el respeto a las libertades cívicas y políticas, duramente conquistadas a costa de mucha sangre en décadas pasadas, y que requieren ser permanentemente vigiladas y defendidas, como lo muestran estos episodios. 
  1. El éxito es relativo. Cada proceso de reclamo colectivo crea redes y experiencias que le abren las puertas a próximas movilizaciones. En ese sentido, aún los movimientos que no logran su demanda de manera inmediata no tienen que entenderse necesariamente como fracasos, sino como procesos en construcción que aún no culminan y que pueden reactivarse o dar sus frutos más adelante. El cierre de la OISOE, cinco años después de que las Cadenas Humanas pusieran esa demanda sobre la mesa, es un buen ejemplo. 
  1. Todo está conectado. Si las enmarcamos como parte de un proceso de construcción de democracia, podemos entender que todas las movilizaciones ciudadanas de este periodo se relacionan, porque se trata de exigir al Estado su función como garante de derechos y, en esa misma línea, democratizar las instituciones colectivas. 

  2. El límite está en el cerco político; hay que romperlo. La incapacidad del gobierno de dar respuestas tanto a la Marcha Verde como a las movilizaciones de la Plaza de la Bandera muestra las limitaciones de gobiernos que llegan al poder financiados por la corrupción y a partir de redes clientelares. No pueden dar respuestas estructurales porque implicaría auto-atacarse. Esto significa que, si queremos lograr conquistas estructurales, como un sistema de Justicia independiente o un sistema electoral equitativo e imparcial, hay que romper el cerco y entrar directamente al terreno electoral para colocar aliados en las posiciones de toma decisión; es decir, complementar las manifestaciones con el impulso de candidaturas y proyectos políticos ciudadanos. La participación política electoral en los recientes comicios de jóvenes que vienen de las filas ciudadanas, como José Horacio Rodríguez, Bartolomé Pujals, Jhonatan Liriano y Mario Sosa, es una muestra de que se ha comenzado a asumir este reto. Esperemos que sus experiencias representen lo que representó La Otra Feria en 2006 o Los Haitises en 2009: la gestación de un proceso que iría en ascenso para involucrar a más y más gente, y para cambiar la práctica y los discursos de la realidad política y social de nuestro país. ¡Enhorabuena!

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