¿Debe renunciar la JCE? Conversamos con 2 especialistas que nos presentan opiniones distintas

Laura Acosta

Lo ocurrido el domingo es gravísimo. Creo que la JCE tiene su cuota de responsabilidad puesto que de acuerdo con las informaciones que vemos ahora en la prensa, desde el sábado se conocía la existencia de un problema técnico que era insuperable con el tiempo disponible. De modo que lo más sano habría sido convocar a los delegados de los partidos el mismo sábado y decirles a todos que el domingo no íbamos a estar listos. Pero parece que se creyó que el problema técnico se podía resolver y dieron inicio al proceso.

Es evidente entonces que quienes quieren la renuncia del pleno y sus suplentes lo hacen entendiendo que la JCE no tiene credibilidad y el proceso necesita de actores fuertes, con credibilidad y con experticia para manejar crisis como estas. Eso es válido, ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de una renuncia ahora de la JCE?

Cada miembro de la JCE tiene un suplente designado. Los miembros y suplentes de la JCE fueron elegidos por el Senado en noviembre de 2016, por un período hasta noviembre de este año 2020. Si el argumento es que los titulares han cometido errores y no han sabido manejar el proceso y no tienen credibilidad, ¿por qué pedir entonces la renuncia de unos suplentes que no han manejado nada aún?

Estos son los suplentes: José Miguel Minier, José Lino Martínez, Luis García, Rafael Evangelista Alejo y Juan Bautista Cuevas. Los suplentes fueron elegidos por el mismo Senado que eligió a los titulares, que es el mismo Senado que está ahora. 

Si el argumento es que los titulares y sus suplentes fueron elegidos por el PLD y deben renunciar, entonces hay un problema: ¿quién elegirá a quienes los sustituyan?

La Constitución establece que quien designa a los miembros de la JCE es el Senado de la República con las dos terceras partes de los presentes. El Senado actual está compuesto en su mayoría por miembros del PLD, salvo dos disidentes que pasaron a la Fuerza del Pueblo y dos del PRM. Es decir, que en el contexto actual si se cambian los miembros y suplentes de la JCE, el Senado con mayoría del PLD será quien designe a los nuevos y estamos en lo mismo.

Ahora bien, esa no es la razón esencial por la que creo que no procede ahora la renuncia de la JCE y sus suplentes, la razón es otra. Es evidente que en el contexto de crisis actual, resulta imposible aceptar que si la JCE renuncia, la va a nombrar el mismo Senado que nombró a esta porque entonces el problema no se resolvería y la crisis continuaría. Lo que exigen quienes piden la renuncia es un acuerdo político para designar a otras personas por consenso entre todas las fuerzas.

Sobre este aspecto, tengo dos cuestionamientos o preocupaciones: primero, no me gusta que sustituyan un mecanismo de elección cuyo origen es una decisión democrática a través de elecciones (porque no hay que olvidar que los senadores fueron votados por el pueblo, de modo que tienen la representación de las mayorías que les votaron en 2016). Por lo que sustituir ese mecanismo, por un consenso entre quién sabe quién, donde al final decidan dos o tres partidos y 4 empresarios, a mí no me gusta nada.

Segundo, asumamos válido el acuerdo político (con el que estoy totalmente de acuerdo, este momento no es para soluciones jurídicas sino políticas), resulta que la Constitución dice que el 24 de abril deben tomar posesión las autoridades municipales que sean elegidas en febrero. Como no se pudieron celebrar las elecciones el domingo, para respetar la Constitución hay que hacerlas antes del 24 de abril que es en 66 días. 

Si tomamos la premisa de la renuncia de la JCE y sus suplentes y su necesidad de sustitución por el mecanismo de un consenso o acuerdo político, ¿cómo se va a llegar a ese acuerdo? ¿En cuánto tiempo? ¿Va a ceder en pocos días el partido de gobierno el poder que tienen en el Senado a otros partidos o a la sociedad civil?

No dudo que el pueblo dominicano, si lo decide, puede ejercer presión al partido de gobierno, pero ¿podrá hacerlo antes del 24 de abril? Lo que eso significa es que hoy el gobierno debe decir: “Okay, vamos a nombrar una nueva JCE, esta JCE y sus suplentes deben aceptar renunciar” y luego, que los senadores y sus partidos digan: “Okay, decidan ustedes”. Todo eso con tiempo suficiente para que luego, esa JCE recién nombrada, ocupe su lugar y organice las elecciones y luego celebrarlas. Todo eso, en 66 días.

Eso no solo es difícil en este contexto en que los unos acusan a los otros, sino que es imposible. Y aún se logre, tendría como consecuencia el reporte de las elecciones y el no cumplimiento del calendario constitucional. O peor aún, un caos mayor en la celebración de las elecciones por haber cambiado la cabeza en medio del proceso.

¿Y qué pasa si no estamos listos con esa nueva JCE potable antes del 24 de abril? Que para que las decisiones de ese acuerdo político puedan producirse y ser válidas y legítimas, será necesaria además una reforma constitucional. Funesto en este contexto inventarse en medio de este lío una reforma constitucional para cambiar el calendario electoral.

¿Cuál es el objetivo? Votar

¿Es solo votar? No, se necesitan garantías de transparencia y objetividad y la JCE no tiene credibilidad. 

¿Qué hacer entonces?Lo primero es votar, antes del 24 de abril, para impedir que nos veamos necesitados de una reforma constitucional. Lo segundo es las garantías, ¿cómo pueden conseguirse sin cambiar la JCE?

De dos formas: 1) con un acompañamiento de observadores independientes; y 2) con la designación, a través de un acuerdo político, de un procurador electoral dotado de medios y mecanismos que garanticen su independencia tanto frente al gobierno como frente a la propia JCE. ¿Cómo es esto posible? Simple: la Constitución permite que el Presidente de la República designe Procuradores Adjuntos, de modo que es más fácil lograr que una persona con poder lo ceda para dotar garantías al proceso, que lograr que 21 senadores y un partido cedan poder democrático.

Otro mecanismo es a través del mismo acuerdo político, pero esta vez, para modificar el artículo 289 de la Ley 15-19 que establece la designación del Procurador especializado para infracciones electorales. Habría que cambiar el mecanismo de designación y dotarle de independencia y por el mismo acuerdo político decidir quién es esta persona ideal para ocupar ese puesto. Una vez dotados de un procurador electoral independiente, que pueda incluso investigar a la propia JCE, éste podrá investigar exactamente qué pasó el domingo y antes de ese día, quiénes estuvieron involucrados y si cometieron una infracción, someterlos.

Con eso, no importa cuál sea la JCE, si hay quien vigile y sancione, las cosas tendrán que hacerse correctamente y sobre todo en los tiempos constitucionalmente establecidos.

Lety Melgen

La pregunta parte de una mirada muy jurídica del conflicto que tenemos actualmente que hay que recordar que ante todo es político. Lo jurídico siempre es tangencial en una política democrática. No necesariamente se requiere para los fines una reforma constitucional. 
El marco normativo establece el procedimiento. El tema está en que un grupo de ciudadanos pedimos la renuncia del órgano completo con todos y los suplentes (me parece una demanda básica y esencial para recuperar confianza). Eso obviamente si lo miramos en términos jurídicos implicaría que los nuevos miembros estaría en manos de nuestra cámara de representantes. Que vale recordar que es mayoritariamente PLD y que fue la misma cámara que en base al ordenamiento jurídico impuso a la actual junta.  Ahí está digamos el tranque para algunos.. De ahí que reconociendo que la JCE no puede responder simplemente al resultado de un mecanismo de elección, por ser el órgano que debe representar los intereses de todos, entonces, proponemos que la elección de los nuevos jueces debe establecerse a partir de un acuerdo político-ciudadano, es decir que los nuevos miembros cuenten con el aval (confianza, legitimidad) de la ciudadanía y también de todos los actores políticos que están participando en esta contienda electoral.  A mi me parece importante recordar que el tema de la confianza de la JCE no es un tema nuevo. Ya sucedió en el pasado proceso electoral con Roberto Rosario a la cabeza y los famosos escaners. Y la solución fue un pacto de impunidad.

Quisiera agregar lo siguiente: la cámara de representantes lo único que tendría que hacer es aprobar la lista de miembros acordada.  Y digo la siguiente también: la propuesta que te comento implica reconocer que la democracia no se limita a una regla de mayoría sino también a reconocer la pluralidad de actores y la legitimidad por parte de estos y la ciudadanía. La legitimidad no es perpetua por 4 años.

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