Historia reciente de casos de corrupción que han ocurrido en los últimos gobiernos.
Casos ventilados durante el gobierno de Hipólito Mejía
Durante el primer año del ex presidente Hipólito Mejía, su gobierno tuvo muy buena aceptación de la sociedad civil al encabezar la lucha contra la corrupción. Este tema fue parte de su discurso inaugural, donde también hacía referencia a la necesidad de una justicia independiente: “no intervendremos nunca en el ámbito del Poder Judicial, de ese poder a cuya independencia y soberanía rendimos el más respetuoso tributo.” También afirmó que su gobierno sería transparente: “…y puedo asegurar que si en estos próximos cuatro años se reprodujesen actos de corrupción, seré yo mismo quien alentará los procedimientos legales para el castigo merecido.”
Uno de los casos más sobresalientes fueron expedientes contra funcionarios del PLD, como el del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), sin embargo, levantar expedientes en contra de una misma facción le quitó credibilidad a esta lucha contra la corrupción, y finalmente, los casos que surgieron desde el mismo gobierno de Mejía fueron los que ocasionaron la renuncia del entonces procurador, Virgilio Bello Rosa, dejando en cuestionamiento de ese modo la promesa inicial de una justicia independiente.
Aquí te detallamos algunos:
Caso: Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), Leonel Fernandez
Uno de los primeros escándalos de corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández fue la estafa que varios funcionarios llevaron a cabo a través del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) en su periodo de 1996-2000, dirigido por Diandino Peña (ex secretario Administrativo de la Presidencia), Simón Lizardo (ex secretario Administrativo de la Presidencia), Haivanjoe Ng Cortiñas (excontralor General de la República), Luis Inchausti (director del PEME), Grecia Peguero (hermana de Luis Inchausti), León Antonio López Mata (exempleado administrativo del PEME) y Noé Camacho. Los 7 involucrados fueron sometidos a la justicia en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2000, acusados de estafar al Estado con más de mil millones de pesos.
El propósito del Programa era “garantizar la paz pública”, por medio de la transferencia de dinero a jóvenes de sectores populares urbanos propensos a realizar protestas y movimientos de reclamo social. El programa contaba con dos nóminas, una llamada Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME, y la otra, Programa de Acción Barrial, PROBADA.
Durante el tiempo de ejecución del Programa se manejaron más de RD$1,427 millones. Se denunció que en el manejo de los fondos fueron burlados los procedimientos contables legalmente establecidos para manejar fondos del Estado. Según los medios de prensa el entonces director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) Félix Jiménez informó que el PEME contaba con centros de operación clandestinos donde seis personas cancelaban con un sello los “cheques vivos” que una sola persona endosaba con distintos nombres, perteneciendo estos a varias personalidades.
Es decir, que además de ser ilegal el programa, se utilizaban mecanismos para la apropiación de los fondos a favor de quienes lo administraban.
“El PEME administrado por el dirigente del PLD Luis Inchausti fue defendido por Fernández, bajo el alegato de que era preferible pagar un sueldo cada mes a un grupo de personas que no realizaban ninguna función y no verse en la obligación de reprimir protestas. Dijo que su gobierno tuvo la disyuntiva de “pagar o pegar” para justificar el uso de más de mil millones de pesos sin la más mínima transparencia ni apego a procedimientos rigurosos.” Zapete(2019), Crónica Irreverente.
Los imputados fueron dejados en libertad bajo una fianza de RD$15 millones, otorgada el 15 de marzo del 2002.
El caso se ventiló por varios años en los tribunales, pero en febrero de 2007, en el segundo período de Fernández, el entonces fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero, dejó fuera del expediente a Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y a Noé Camacho Ovalle. En octubre del mismo año 2007, Hernández Peguero retiró la acusación a los imputados restantes .
Casos ventilados durante los gobiernos de Leonel Fernández
En el 2004, Leonel Fernández asume el poder por segunda vez. Uno de los temas que se proponía enfrentar durante su gobierno era la corrupción administrativa. Al igual que Joaquín Balaguer, en su discurso inaugural, el mandatario decía que no perseguiría a nadie: “Al volver a dirigir los destinos de la nación, no albergo ánimo alguno de venganza o de retaliación. He experimentado la amargura de ser perseguido con cizaña e intención destructiva, y sin embargo, eso no ha hecho más que fortalecer mi espíritu contra la vileza y la maledicencia así como reafirmar mis convicciones contra el abuso, el atropello y la arbitrariedad… Pero así como nadie será perseguido por razones de revancha política, tampoco esta administración puede convertirse en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva.”
La justicia independiente también fue parte de su discurso: “La justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes.”
El Plan de Renovación de Vehículos (Plan RENOVE), 2002
El Plan Renove fue el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Hipólito Mejía que se destapó durante el gobierno de Leonel Fernández. Este fue un programa a través del cual se importaron miles de vehículos para el transporte público de pasajeros y de cargas. La idea era que se sustituyan los vehículos en mal estado por vehículos nuevos.
Estos vehículos fueron distribuidos entre sindicatos de choferes, de transportes de cargas, asociaciones de estudiantes, ayuntamientos, ligas deportivas, etc. Sin embargo, según las denuncias de la época, los ejecutivos a cargo del plan negociaban con estos vehículos y violaban las normas administrativas.
Este caso había sido denunciado por la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas de la propia gestión de Mejía, pero según la prensa de la época, Mejía, con el foco en su reelección, no dejó que la justicia actuara. Tras la derrota de Mejía en las elecciones y durante el entrante gobierno de Leonel Fernández (2004-2008), estos ejecutivos del Plan Renove fueron apresados el 18 de noviembre de 2004 por el Ministerio Público para ser investigados. La estafa ascendía a unos 1,800 millones de pesos.
En octubre del 2005 los imputados fueron condenados a varios años de prisión y a multas de hasta 15 millones de pesos. Fueron hallados culpables de prevaricación en perjuicio del Estado en la distribución de más de 3 mil unidades sin cumplir con los trámites administrativos.
Tres de los condenados a prisión fueron indultados en diciembre del 2008 por Leonel Fernández bajo la facultad que se le concede al presidente de conceder indultos a condenados que hayan tenido buen comportamiento o por razones de salud.
Condenados a prisión: Fabio Ruiz (presidente del Plan), fue condenado a 4 años de prisión y RD$10 millones, Milcíades Amaro Guzmán (empresario), a 3 años de cárcel y RD$5 millones, Antonio Marte (actual senador), a 3 años de cárcel y RD$8 millones, Pedro Franco Badía (político), a 3 años y RD$15 millones. Gervasio de la Rosa (transportista) fue condenado a 2 años y RD$3 millones. Blas Peralta (transportista) a 6 meses y RD$2 millones, Paulino Antonio Reynoso (ex director de la Oficina de Tecnica de Transporte Terrestre) a 2 años de prisión (todos ellos enviados a Najayo).
Condenados a prisión domiciliaria: Alfredo Pulinario Linares (Cambita) (transportista) y Francisco A. Pérez (transportista) fue condenado a seis meses, mientras que Freddy Méndez (transportista) fue condenado a seis meses y RD$1 millón.
Indultados por el Presidente Leonel Fernández: Pedro Franco Badía, Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa.
Caso Sun Land: El PRD le ve el refajo a Félix Bautista
En mayo de 2006, el Gobierno dominicano, representado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y The Sunland Corporation R.D., S.A., suscribieron el Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos, conjuntamente con 19 pagarés, cada uno por la suma de US$6,842,105.00.
En estos pagarés aparece como deudor el Gobierno de la República Dominicana y para la legalidad de este proceso conforme a lo que establece la Constitución Dominicana, este contrato debió ser remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación o desaprobación, sin embargo, no fue así.
El PRD y el Foro Social Alternativo (FSA) en octubre de 2007 interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra dicho contrato, denunciando que Félix Bautista en sus funciones de director de la OISOE, recibió fondos millonarios de Sun Land a título de préstamos, sin la aprobación del Congreso Nacional para obras que no se realizaron.
Los préstamos contratados de manera irregular eran para la construcción de una serie de obras en la UASD. El documento entregado al Ministerio Público por los abogados del PRD contenía más de 50 folios de supuestas pruebas de que el senador Bautista se apropio de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el Gobierno y la empresa.
El 13 de noviembre de 2007, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envía a la Procuraduría General de la República los recursos de inconstitucionalidad incoados por el PRD y el FSA. Los abogados del director de la OISOE, solicitaron a la SCJ que declarara inadmisible el recurso, alegando que este era un contrato administrativo del Estado que no estaba sujeto a lo que dispone la Constitución.
El Foro Social Alternativo y el Colegio de Abogados exigieron a la SCJ el fallo y realizaron incluso una marcha con pancartas y consignas reclamando: “Una justicia retardada es una justicia negada”.
En 2008, la SCJ se reserva el fallo del caso Sun Land y en diciembre declara inadmisible la acción de inconstitucionalidad. La decisión se tomó con la aprobación mayoritaria de algunos jueces de la SCJ. Puede ser una coincidencia, pero los tres jueces de la Suprema que no estuvieron de acuerdo con la decisión y sustentaron su posición mediante votos disidentes, no fueron considerados en 2012 para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia.
El PRD calificó la sentencia de “un atentado al Estado de derecho del país” y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez evaluó la decisión como “La forma más palpable de la falta de independencia judicial y la injerencia del poder político en la toma de decisiones de la SCJ. La SCJ ha echado por la borda más de 10 años de jurisprudencia”.
Félix Bautista fue descargado por la justicia en el caso Sun Land, pero años después, Jorge Subero Isa que en el momento se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró a la prensa que “la sentencia del caso Sun Land, en el 2008, fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces designados en 1997”.
Caso Nominillas del Comité de Base (CB) del PLD, 2008.
El 8 de marzo del 2008 la periodista Nuria Piera presentó un reportaje sobre cómo diversas instituciones estatales efectuaban pagos mensuales a miembros desempleados de los Comité de Base del PLD. En aquel momento Leonel Fernández cursaba su segundo periodo como presidente de la República. Estas nóminas apodadas como “nominillas”, eran de entre RD$3 mil y RD$4 mil pesos, y eran distribuidos a los miembros del Comité de Base del partido de gobierno.
Según el reportaje, salían millones de pesos para miles de miembros del PLD de las instituciones; Secretaría de Agricultura, del Instituto Agrario Dominicano, del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) y de Obras Públicas. Los miembros del partido solo tenían que presentar una carta al Comité Intermedio al cual pertenecían para demostrar que estaban desempleados, más de 20 mil miembros del partido recibían nominillas.
La oposición relacionó la existencia de las nominillas con el interés reeleccionista del entonces presidente Fernández. El gobierno admitió que estas existían desde el 2005 para desviar las acusaciones.
Casos ventilados durante el gobierno de Danilo Medina
El presidente Danilo Medina, al igual que los otros mandatarios, hizo bastante referencia a la lucha y el arrecio contra la corrupción. En 2012 al ganar las elecciones y juramentarse dijo “Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país, mediante la lucha decidida contra la criminalidad y corrupción”.
Anunció la creación de una nueva entidad la “Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental”, en sustitución de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, “que tendrá potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las que correspondan al régimen ético y disciplinario de la función pública y a la Cámara de Cuentas”. En ese mismo discurso anunció que entraría en vigencia un Código de Pautas Éticas que contribuiría a fortalecer el gobierno ético y moral y debía ser firmado por todos los funcionarios.
Sin embargo, aunque su mandato se percibía como un respiro de Leonel Fernández y los tantos escándalos de corrupción que se le atañen, hubo varios escándalos propios de este gobierno, como el intento de enajenar Bahía de las Águilas, el despojo de Antena Latina y para su segundo periodo se llevó a cabo la marcha y protesta más amplia de la historia reciente dominicana denominada “Marcha Verde”, que luego se convertiría en un movimiento político. En dicha marcha miles de dominicanos se manifestaron contra la impunidad imperante exigiendo su fin luego de haberse destapado el escándalo internacional de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Caso : Aviones Súper Tucano sobrevaluados para “combatir el narcotráfico”
En fecha 15 de julio del 2007, el periódico El Nacional reveló que los 8 aviones Súper Tucano comprados por el Gobierno dominicano a la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S.A. (EMBRAER) estaban sobrevaluados por más de dos millones de dólares cada uno.
Ironicamente la adquisición de los 8 aviones se hizo para combatir el narcotráfico, sin embargo, carecian de capacidad de vuelo nocturno porque les faltaban equipos de navegación, tampoco tenían artillería y el costo de operación era muy elevado.
El Estado dominicano adquirió 8 aviones “Súper Tucanos”, por un valor de 92,000,000.00 millones de dólares, esto es a US$11,500,000.00 cada unidad. Años después de la compra, Embraer admitió en un tribunal de Estados Unidos que había pagado 3.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Fernández para obtener los contratos de venta de los aviones, los cuales serían usados para combatir el narcotráfico.
Según el expediente en las operaciones irregulares habrían intervenido; el coronel de la Fuerza Aérea (FDA) Carlos Piccini; el ex ministro de las Fuerzas Armadas mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, Félix del Orbe Berroa, las empresas Magycorp, 4d Business Group y el senador peledeísta por Salcedo, Luis René Canaán.
“Cuando el contrato llegó a la Cámara de Diputados, el 5 de noviembre de 2008, no fue posible su aprobación en el primer intento porque durante la sesión el diputado peledeista Elso Segura, quien presidia la Comisión de Ética de la Cámara, acudió con la boca tapada con una cinta adhesiva, alegando que las autoridades de su partido le habian reprimido porque denunció que parte de sus compañeros habrían recibido sobornos para aprobar el contrato de préstamo para comprar los Súper Tucanos” Zapete(2019), Crónica Irreverente.
El diputado recibió amenazas desde la cabeza del partido y jamás volvió a ser postulado a un cargo electivo.
En 2016 el juez de instrucción del DN José Alejandro Vargas ordenó el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Peña Antonio y del coronel Carlos Piccini, también fueron arrestados los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez. Todos los imputados fueron liberados menos Piccini que fue enviado a prisión por 3 años y finalmente liberado luego de que se le varió la medida de coerción de prisión, a una garantía económica y presentación periódica.
Caso Funglode: Guillermo Moreno interpone querella contra el expresidente Leonel Fernández, 2013.
Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País y quien ocupó la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional durante el primer gobierno de Fernández, interpuso una querella contra el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en enero de 2013 por presunta prevaricación, perjurio y lavado de activos, alegando que el exmandatario recibió donaciones millonarias de empresas y contratistas a través de la misma.
Sostuvo que Fernández utilizó a Funglode para captar dinero y se valió de un conjunto de empresas que tenían como función aportar sumas de dinero que pasaban al patrimonio de la fundación y desde la cual podía disponer de ellas sin control del Estado, estas actuaciones siendo violatorias de la ley penal y la Constitución.
Además Moreno atribuye a Fernández, haber solicitado hasta un millón de pesos a empresas que daban servicio al Estado, incluyendo constructoras, como condición para poder recibir los pagos correspondientes. Dijo que muchas de esas compañías eran creadas por Fernández y dirigidas por el senador Félix Bautista, entre las que destacó aquellas que resultaron favorecidas para los trabajos de reconstrucción en Haití. También señaló que se exigía la realización de cursos en Funglode a funcionarios y empleados.
"Estamos apoderando a la Procuraduría Fiscal de esta querella, y le estamos solicitando que inicie la investigación de los hechos…, y le hemos aportado pruebas suficientes de cada uno de los esquemas de que se ha valido Leonel Fernández para tener ese patrimonio bajo su dominio y control" Guillermo Moreno.
La Procuraduria archivó el caso, la jueza Miriam Germán, quien presidia la Segunda Sala, emitió un voto disidente argumentando que no se hizo la revisión necesaria antes de decidir archivar el expediente. Consideró que previo a decidir sobre si se archivaba o no, la Procuraduría Fiscal, debió interrogar a las personas que supuestamente hicieron donaciones.
“Esta era una actividad necesaria para el esclarecimiento de lo que argüía el querellante, era pues deber de la Fiscalía indagar las vertientes más directas de lo que afirmaban los querellantes” Miriam Germán.
Caso suicidio en la OISOE desmantela todo un sistema corrupto, 2015.
Provóco serios cuestionamientos éticos a la gestión de Danilo Medina el suicidio en 2015 del arquitecto David Rodriguez Garcia en un baño de la OISOE que puso al descubierto la existencia de una red de corrupción en esa institución pública. Este hecho manchó la promovida iniciativa de la administración de Medina de sortear pequeñas obras públicas a profesionales de distintas áreas de la ingeniería dejando fuera grandes firmas constructoras que dominaron el negocio de las construcciones públicas en gestiones anteriores.
También provocó cuestionamientos al manejo que daba el gobierno sobre el 4% de la educación. El arquitecto Rodriguez Garcia había ganado un sorteo en el 2012 para construir la escuela Francisco del Rosario Sánchez en Monte Plata por un monto de $21, 444,781. 64 de pesos. El contratista entregó la obra terminada y se puso a funcionar en noviembre de 2014, “pero no había forma de que la OISOE terminará de pagarle.” Zapete(2019), Crónica Irreverente.
Abrumado por las deudas millonarias decidió quitarse la vida en la misma sede del organismo.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo” decía la nota que dejó ese día en el baño de la institución.
Más adelante, como resultado del hecho se supo que en el seno de la OISOE operaba una especie de mafia que retenía los pagos de las cubicaciones a los ingenieros contratistas que ganaban los concursos para obligarlos a endeudarse con préstamos de usura y así quedarse con la mayor parte de los fondos que se presupuestaban para las obras. García acusó a Alejandro de los Santos y a Joel Soriano, empleados de la institución pública, de extorsionarlo con quitarle la obra que ganó si no tomaba créditos en financieras vinculadas.
En 2017, De los Santos, quien era el encargado del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE, fue condenado a seis años de prisión; mientras fueron sentenciados a cinco años Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Ernesto Romero Pérez.
Caso Odebrecht : el caso de todos los gobiernos.
La Constructora Odebrecht aterrizó en República Dominicana en el año 2002 con una obra para abastecer agua potable a cinco provincias. En el año 2014 estalló en Brasil lo que muchos han denominado la mayor red internacional de sobornos de la historia. La “Operación Lava Jato” puso al descubierto una gran trama de corrupción que involucraba a varios países latinoamericanos.
Tras investigaciones se arrojó como operaba Odebrecht, este pagaba grandes sumas de dinero a presidentes, congresistas, ministros y legisladores para “ganar” licitaciones y hacer aprobar contratos para construir obras públicas millonarias, cuyos presupuestos se inflaban para compensar el dinero utilizado en los sobornos.
Una modalidad era financiar las campañas políticas de presidentes latinoamericanos que buscaban reelegirse en el cargo, bajo el compromiso de que una vez reelectos compensarían a la constructora con contratos millonarios para la ejecución de obras.
Según distintas fuentes entre el 2002 y el 2014 Odebretch obtuvo contratos para la construcción de 17 obras públicas en RD, por un valor superior a los seis mil millones de dólares con una sobrevaloración superior a los dos mil millones de dólares. Odebrecht pagó 92 millones de dólares a funcionarios corruptos de 3 gobiernos dominicanos para obtener dichas contratas, así como repetidas adendas que le permitían la sobrevaloración de las obras.
Un documento del Ministerio Público aseguraba que los contratos fueron adjudicados mediante el mismo esquema de fraude y soborno, a través del lobista Ángel Rondón Rijo. Lo que hizo la Procuraduría General de la República para procesar el caso y llevarlo a la justicia fue primeramente homologar un acuerdo con Odebrecht donde le obliga a pagar al país 184 millones de dólares, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos para lograr obras públicas.
“Danilo Medina ordenó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, buscarse a un juez que "homologara" un acuerdo con Odebretch mediante el cuál el Estado Dominicano renunciaba a la persecución penal de la constructora y sus ejecutivos, con el solo compromiso de que pagara al país el doble de los 92 millones que según la investigación Lava Jato había repartido sobornos a los funcionarios para obtener los contratos.
El primer juez que fue apoderado del acuerdo, José Alejandro Vargas declaró inadmisible el acuerdo. Pero Medina ordenó a su procurador buscar a otro juez que se prestara a hacerle “su traje a la medida” ” Zapete(2019), Crónica Irreverente.
En abril 2017 el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, aprueba el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht renunciando a la persecución de la empresa, este acuerdo sepultó la posibilidad de que la empresa tuviera que responder por las sobrevaluaciones de las obras que construyó.
Los presunto implicados en el caso eran:
- Alfredo Pacheco Osoria, diputado
- Ángel Rondón Rijo, empresario y lobbista
- Bernardo Antonio Castellanos de Moya, ingeniero
- César Domingo Sánchez Torres, exadministrador de la CDEEE
- Conrado Enrique "Conrad" Pittaluga Arzeno, notario y abogado
- Juan Roberto Rodríguez Hernández, exsenador, exdiputado y exdirector de INAPA
- Juan Temístocles Montás Domínguez, ministro de Industria y Comercio
- Julio César Valentín Jiminián, senador
- Máximo Leónidas D’Oleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE
- Porfirio Andrés Bautista García, exdiputado y presidente del PRM
- Ramón Radhamés Segura, exvicepresidente de la CDEEE
- Ruddy González, exdiputado
- Tommy Alberto Galán Grullón, senador
- Víctor José Díaz Rúa, exministro
El 26 de junio de 2019 el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó Auto de Apertura a Juicio de fondo contra solo seis imputados Ángel Rondón; Víctor Díaz Rúa; Conrado Pittaluga; Andrés Bautista García; Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, este juicio sigue en curso.
Fuentes:
La crónica irreverente (2019). Marino Zapete
La corrupción sin castigo (2014). Participación Ciudadana
Revista Rumbo 4 de Diciembre del 2000. Santo Domingo, R.D. Año 5. No. 357
Lía Hernández Alvarado
Para El Mitin
Lo que dice la gente