por Maria Batlle
“La soberania reside únicamente en el pueblo. Yo me he tomado muy en serio el contenido de ese artículo de la Constitución, me creo propietaria de la República Dominicana porque eso es lo que dice ahí ¿verdad?, que yo soy la que tengo el poder y que lo transfiero cuando doy mi voto a las personas que van a representarme en las funciones que son de elección popular” —Patricia Santana, abogada constitucionalista, Encuentro con Legisladores Electos 2020
El artículo 21 de la Constitución dominicana del 2015 dice que todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad gozan de ciudadanía.
Sin embargo, este artículo no aplica a los dominicanos y dominicanas con discapacidad.
¿Por qué los dominicanos y dominicanas con discapacidad no gozan de ciudadanía al igual que tú?
Las mayores barreras de discriminación son las actitudinales. Estigmas establecidos culturalmente que no sólo impiden el desarrollo de las personas con discapacidad sino que lo hacen imposible al promover estereotipos, prejuicios y actitudes desfavorables para la inclusión.
Esta discriminación se proyecta en absolutamente todos los servicios del Estado, por nombrar algunos: se asume que las mujeres con discapacidad no necesitan servicios de salud sexual y reproductivos; no existen infraestructuras estatales con accesibilidad universal; no hay personas con discapacidad en los comités de prevención y gestión de riesgos de desastres; a pesar de que la Ley 5-13 dice que el Estado debe proveer intérpretes de Lengua de Señas en las universidades son las personas sordas que pagan ese servicio privado abandonando eventualmente los estudios por el alto costo; está también el caso de la cédula de identidad, en el renglón de ocupación, donde la tuya dice “estudiante”, “empresaria” o “empleado”, en las cédulas de dominicanas y dominicanos con discapacidad dice “incapacitado/a”.
El análisis de los resultados de los cuatro estudios del informe “Sistematización de Experiencias y Prácticas del Observatorio Electoral 2016 de Personas con Discapacidad en la República Dominicana”, realizado en el 2016 por Participación Ciudadana, USAID y Transparency International, apunta a que en general, la Junta Central Electoral no cumplió con sus resoluciones relativas al derecho al voto de forma independiente de las personas con discapacidad. Señala que se desconoce cuál fue la labor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en su convenio con la Junta Central Electoral firmado a principios del 2016 para adecuar los recintos electorales. El informe señala que prometieron un diagnóstico y solución para recintos sin barreras físicas, pero las barreras todavía existen y son reales.
Las barreras todavía existen y son reales en el 2021.
Para Cristina Francisco, dominicana con discapacidad físico-motora y fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), ser ciudadana significa tener los mismos derechos. Es ser parte, apoyar y promover cambios. “Como Persona con Discapacidad, hay barreras que no me permiten actuar libremente, ni tener acceso a mis derechos. Ese concepto de ser ciudadana se me es violentado.”
Contrario a lo que indican los artículos 23 y 24 de la Constitución sobre la pérdida o suspensión de la ciudadanía, los dominicanos y dominicanas con discapacidad no han perdido sus derechos por haber traicionado, espiado o conspirado en contra de su país, tampoco por haber participado en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República. No es por acusación de una condena irrevocable a pena criminal, ni por haber aceptado en territorio dominicano cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo. Sencillamente, le son negados, sin razón, por el Estado.
Sin barreras no hay discapacidad y estas aparecen cuando no se lleva a cabo el mandato de igual respeto y dignidad. El abogado constitucionalista Amaury Reyes nos recuerda que ser partícipes de lo público no es un privilegio sino un derecho y un deber.
A pesar de que el artículo 39, sobre el derecho a la igualdad, dice que todas las personas podrán recibir la misma protección y trato de las instituciones y autoridades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, Luz Amparo, dominicana con discapacidad visual, pasa día y noche trabajando y buscando formas de solucionar lo que describe como una falta de conocimiento por parte de las autoridades competentes en la ausencia de un sistema coherente de enlaces entre las instituciones para que todo el protocolo de asistencia ciudadana en las instituciones funcione. Se define a sí misma como una ciudadana proactiva sin embargo, explica que el Estado no le permite desarrollarse como una gobernante de su comunidad y de su entorno, como sujeto de derecho e igualdad ante la sociedad. “Me ponen las barreras y no quiero ser identificada por mis limitaciones, sino que puedo ser autónoma e independiente con el nivel de capacidad que tengo, y con los apoyos y las asistencias.”
¿Es la falta de voluntad política que afecta directamente la eficacia de la norma constitucional? Sí. Patricia Santana, abogada constitucionalista, explica que a la fecha hay muchos mandatos constitucionales que no se cumplen porque el legislador o legisladora no ha hecho su labor al respecto y eso da la impresión de que la Constitución es “letra muerta”, lo que en realidad no supone ser. Al incumplirse la Constitución se pudiera estar hablando de omisión, infracción constitucional, inconstitucionalidad, o hasta mutación.
“Nada sobre nosotras/os, sin nosotras/os”. Es necesario tener lideresas y líderes con discapacidad en las tomas de decisiones. El Congreso debe trabajar una reforma en la Ley 5-13 que, entre muchas otras cosas, defienda el derecho a la participación política de las personas con discapacidad, que obligue a las fuerzas políticas a brindarles capacitación e incluirlas como candidatas a posiciones de elección popular y así asegurar su presencia en la vida política y en todos los procesos electorales. Esto es urgente. Basta ya de perder tiempo. Cada día que pasa es otro día más que el Congreso, los Ministerios y todas las instituciones del Estado del República Dominicana violan la Constitución. Todos los servicios del Estado deben de ser inclusivos y accesibles, y esto lo logran trabajando de la mano con el Consejo Nacional de Discapacidad.
Involúcrate y sé una persona aliada. Todos y todas las ciudadanas con discapacidad son gobernantes, también.
<<La autora de este artículo es una persona con dislexia, una discapacidad en el aprendizaje presente en aproximadamente el 10% de la población mundial>>
Lo que dice la gente