Una elección no es una guerra de papel

por Rafael Esteva

Todos conocemos escenas como la de la foto. La pared es una zona de batalla y los partidos son los generales que envían sus tropas de dos dimensiones. Estamos tan acostumbrados, que a veces se nos olvida preguntar: ¿Está permitida esa guerra de papel? ¿No podemos hacer las cosas de manera diferente?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19 pone pocos límites a la batalla de propaganda. Durante el periodo de campaña (desde la proclama de elecciones hasta el jueves antes de la elección), los partidos pueden usar “todos los medios lícitos de difusión” para hacer propaganda. Esto incluye volantes, avisos móviles y luminosos, pintura, vallas, carteles, altoparlantes, y los medios de prensa, radio, TV, y digitales.

No se puede colocar propaganda en propiedad pública. Puede ser colocada en propiedad privada solamente si se tiene autorización del propietario. Debe estar claro quién está autorizando la propaganda, y un partido no puede destruir u obstaculizar la propaganda de otro partido. La propaganda no puede usar sustancias que sean tóxicas, o que hagan daño al medio ambiente.

Estas reglas nos dan una respuesta clara. Realmente, la ley no prohíbe llenar una pared de carteles, siempre que el propietario de la pared esté de acuerdo. La única excepción es si el ayuntamiento del municipio ha dispuesto límites adicionales. Un ayuntamiento podría disponer que solo se permite la propaganda política en áreas no residenciales e incluso cobrar un arbitrio para así limitar la cantidad de publicidad colocada. Pero por ejemplo, el reglamento de publicidad exterior del Distrito Nacional es de 1999. No he podido conseguir su texto, pero es seguro que el reglamento no regula la propaganda de manera muy estricta, o que el ayuntamiento no se ha encargado de hacerlo cumplir.

Según los reportes entregados a la JCE, la candidatura de Luis Abinader gastó casi RD$300 millones en gastos de promoción de candidatura y plan de medios. La candidatura de Gonzalo Castillo destinó RD$170 millones en publicidad y propaganda. Vale recordar que gran parte del ingreso de los partidos son nuestros impuestos, que la JCE les otorga a los partidos por su contribución a nuestra democracia.

Ya que estamos hablando de nuestro dinero, me pregunto si cubrir el país entero con la cara de candidatos por meses es lo mejor que podemos hacer con nuestros impuestos. Sí es importante financiar a los partidos para que puedan formular y promocionar sus propuestas, pero cubrir el país de propaganda no es lo mismo que conversar sobre nuestro futuro. La ley del régimen electoral incluso exige que la propaganda electoral debe “propiciar la exposición, desarrollo y discusión constructiva” de las propuestas de los partidos.

Aunque la ley electoral no pone muchos límites, la JCE sí puede tomar medidas para invertir mejor nuestros impuestos y, de paso, limpiar nuestras calles de esa guerra de papel. La misma ley, en su artículo 164, permite a la JCE reglamentar todo lo relativo al periodo de campaña. Solo bastaría con hacer modificaciones a la proclama de elecciones. Pudieran limitar el tiempo de campaña con propaganda física en las calles de dos meses a dos semanas, como lo hacen en partes de Alemania. También pudieran restringir el uso de los medios de comunicación masiva y así promover modalidades menos invasivas de campaña, como visitas puerta por puerta y conversatorios en lugares públicos. 

Pero si la JCE no actúa, nuestros ayuntamientos también pueden limitar la propaganda en nuestras calles mediante arbitrios y disposiciones municipales. Sobre ellos es que cae la responsabilidad de quitar los carteles después de las elecciones. Por lo tanto, los municipios tienen el derecho y responsabilidad de regular lo que los partidos pueden colocar en la vía pública.  La JCE retiene fondos de los partidos precisamente para el retiro de la propaganda, pero es mucho más efectivo si hay menos propaganda que retirar.

Cuando veamos otra batalla de propaganda en nuestras calles, pensemos en cuáles candidatos tienen propuestas para nosotros. ¿Cuáles sentirán el peso de nuestro voto y nuestros impuestos? ¿Quiénes impulsarán propuestas? ¿Quienes sólo venderán sus caras?

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