Se encuentra bajo investigación del Ministerio Público un fraude millonario a las tarjetas Supérate, anteriormente “tarjetas Solidaridad”, que proporcionan ayudas sociales a una importante parte de la población.
El Ministerio Público señala en su expediente que, en febrero de 2022, se inició una investigación como resultado de varias reclamaciones de consumos no reconocidos por beneficiarios del programa Supérate e identificados por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). La Adess informó que aunque el fondo fue depositado en la primera quincena del mes, algunos beneficiarios en las provincias Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Santo Domingo, no cobraron.
La entidad bancaria y la Administradora de Subsidios informaron que se trató de una “suplantación de plásticos”, y que la policía investigaba para identificar a los responsables. El costo del fraude millonario ha sido asumido por los bancos, que ya han desembolsado unos 60 millones de pesos para la entrega de 40,000 tarjetas a beneficiarios que fueron afectados.
Para el 15 de marzo la comisión o tentativa de fraude llevó a la Adess a suspender unos 300 colmados, más del 10% de los que integran la Red de Abastecimiento Social (RAS) para el uso de las tarjetas de Supérate, según informó la entidad. En total son 86 los establecimientos a los que la (Adess) está investigando por la clonación de tarjetas con las que los beneficiarios del programa, en su mayoría adultos mayores, reciben transferencia monetaria como subsidio.
De acuerdo con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), en las transacciones irregulares que detectaron en febrero pasado, se afectó a unos 30,000 beneficiarios y el monto de la estafa ronda los 100 millones de pesos.
Sin embargo, en menos de dos años, los fraudes cometidos contra los beneficiarios del programa gubernamental de auxilio social Supérate, sea con la clonación de tarjeta o uso no autorizado de la cédula de identidad, superan los 300 millones de pesos, dato ofrecido por la consultora jurídica de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Solange Rodríguez, quien asegura que esa entidad ha presentado denuncias formales contra 56 colmados por esos fraudes.
El fraude a Supérate se calcula en unos 300 millones de pesos desde el año 2020, cuando se descubrieron los primeros de ocho casos que se están judicializando en la actualidad y que involucran a más de 40 detenidos hasta el momento.
¿Cómo funciona Supérate?
El Gabinete Social ejecuta la política social a través de la Red de Protección Social compuesta por estas ramificaciones:
El SIUBEN (Sistema Único de Beneficiarios): Identifica los beneficiarios y mide la pobreza construyendo una base de datos de personas que están en dicha condición.
ADESS (Administradora de Subsidios Sociales): Gestiona y administra los subsidios sociales garantizando su oportuna disponibilidad y adecuado uso por los beneficiarios.
Supérate: Implementa los programas de ayudas sociales.
Imputados sobre caso febrero 2022
Ya suman 10 las personas involucradas en este caso luego de que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra otros cuatro involucrados en el fraude. La Fiscalía de Barahona y la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología solicitaron que se declara complejo el proceso y que se imponga la prisión preventiva contra Hansel Arturo de 20 años, Andy Reimi Ubiera, de 26 años, Francisco Andres Sánchez de 27 y Euris Bautista de 23 quienes fueron arrestados en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de Barahona.
La primeras medidas de coerción se dictaron a seis personas, los imputados son propietarios de colmados y en conjunto se estima que tan solo este grupo estafó más de 14 millones de pesos al Estado.
Ydalis Maribel López propietaria del Almacén El Pachá, ubicado en Villa Mella, se le atribuyen transacciones irregulares por más de 1 millón de pesos.
Yanilda Herrera propietaria del Súper Colmado Gloria, ubicado en la localidad de La Victoria, las autoridades detectaron transacciones, ascendentes a 4.8 millones de pesos.
Jonathan Martínez propietario del Súper Colmado Gael, ubicado en sector La Vuelta de Villa Esperanza, en el municipio de San Antonio de Guerra. Se detectaron 2,264 transacciones, equivalentes a 3.7 millones de pesos.
Juana Felicia Guillén propietaria del Colmado Juana, ubicado en La Victoria, las autoridades calcularon que se hicieron 632 transacciones también por más de un millón de pesos.
Odalia Florentino propietaria del Colmado Melinda, ubicado en La Victoria, fueron identificadas 1,642 transacciones por un valor de 2.7 millones de pesos.
Bernaldo Santiago Hernández propietario del Colmado Hernández, ubicado en La Victoria. Lograron detectar 534 transacciones por más de 880 mil pesos.
Una fuente reveló al periodico de circulación nacional Diario Libre, que uno de los detenidos por el fraude habría declarado a las autoridades que compró tarjetas de Supérate a través de una página web y que, pagaron a un hacker para poder tener información de los códigos, esto es parte de las investigaciones. Otra posibilidad es que alguien desde dentro de la institución estuviese colaborando para la realización de la estafa.
Las irregularidades comenzaron a hacerse públicas a partir de diciembre del año pasado donde un grupo de personas vocalizaron que sus tarjetas no tenían fondos. Supérate en ese momento les dijo que era un problema técnico. Luego en enero se repite la situación y se amplía la cantidad de personas que denuncian el problema entonces la respuesta que se les da es que existe un inconveniente con el banco y se estaba resolviendo pero en febrero y marzo tuvieron que reconocer que se trataba de un fraude y un conjunto de tarjetas estaban comprometidas.
Frank Olivares, antiguo Director Ejecutivo de la Vicepresidencia que coordinaba el Gabinete Social explicó “A mi juicio se ha relajado con el tema del monitoreo porque hay formas de tu verificar si se están usando verifones fuera de horario o si un verifone está haciendo más transacciones de las que debería, eso se puede supervisar o mejor dicho se debe supervisar. Antes en el 2020 hubo una situación de fraude, se sometió el expediente y se les dejó a las nuevas autoridades el expediente con todo.
Hicimos una denuncia de unos desaprensivos que estaban clonando unas tarjetas y fue un fraude de 1.5 millones de pesos y dejamos establecido el expediente e incluso hubo prisión preventiva para algunos de los implicados pero esto qué está pasando hoy no tiene ningún tipo de precedente.”
Olivares comentó que si de manera usual en las tarjetas se depositan 1650 pesos, cómo se justifican transacciones de 50 o de 100 mil pesos y que esto es constata una inobservancia de los procesos. Enfatizó “esto es un tema de crimen organizado, es importante recalcar que no es un robo a los bancos sino a la gente y al Estado porque el dinero es público”
Acusación sobre altos funcionarios involucrados
Por su parte la Fuerza del Pueblo se ha posicionado exigiendo al gobierno y al sistema de justicia de la República Dominicana que se investigue y penalice a las personas responsables. Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política consideró que en el fraude que se cometió con las tarjetas hay involucrados funcionarios del actual gobierno. Condenó que las autoridades solo pretenden responsabilizar de ese hecho a unos cuantos colmaderos, cuando para cometer un robo millonario como ese se requirió de tecnología sofisticada que no está al alcance de pequeños comerciantes.
Así mismo, el vocero de los senadores de ese partido, Dionis Sánchez, denunció que un funcionario, hace alrededor de cuatro meses, intentó sobornar a un colmadero de su provincia Pedernales con 800 mil pesos mensuales para que formara parte de la estafa.
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