Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero negamos la discriminación latente en nuestro país, a pesar de que observamos, con más frecuencia de la deseada, el incremento de crímenes movidos únicamente por el odio y el desprecio a lo que desconocemos o a lo que entendemos distinto.
El racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, son el detonante por el cual las mismas autoridades llamadas a proteger, agreden a las personas, hasta el punto de arrebatarles su dignidad y sus propias vidas.
Sólo la doble moral explica que, por un lado, neguemos la existencia de actos discriminatorios paridos desde el seno de las iglesias o de las instituciones públicas, a la vez que condenamos las conductas de cuerpos policiales que laceran la dignidad de las personas.
Los discursos que se emiten desde legisladores y legisladoras, desde líderes religiosos y desde el empresariado que habla partiendo de sus propios privilegios, alimentan estos crímenes. Es el odio que se dice, transformado en hechos, en odio que se hace.
En el caso de la comunidad LGBTIQ+, bien ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la violencia contra estas personas
tiene un fin simbólico, la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación (…) la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se auto-identifica o no con una determinada categoría. Esta violencia, alimentada por discursos de odio, puede dar lugar a crímenes de odio.1
Sobre esto, se insiste desde el Sistema Interamericano en que, los discursos discriminatorios, acaban generando la homofobia, lesbofobia y transfobia que impulsan los crímenes de odio2.
A pesar de que la Constitución dominicana consagra la igualdad como uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, condenando los actos discriminatorios, de tortura, crueles e inhumanos, y garantizando la dignidad humana y la integridad personal3, vemos desde el mismo Estado a actores y actoras que, desde sus respectivos liderazgos, expresan y promueven todo lo contrario a los fines constitucionales pensados para las personas, todas, como centro de las políticas del Estado. Y lo hacen pretendiendo ampararse en una libertad de expresión que nunca protegerá los discursos que promuevan el odio y la discriminación.
Lo peor, es que con frecuencia somos incapaces de pensar cómo estos discursos nos van a tocar directamente. Nos colocamos como espectadores, pero olvidamos que podríamos ser protagonistas de historias tan lastimosas como la de David de los Santos.
Es necesario que se aprueben legislaciones que sancionen con penas eficaces la discriminación, los discursos y los crímenes de odio en nuestro país. Sin embargo, eso no es suficiente. Debe producirse una transformación cultural. Pensada desde el liderazgo estatal y social, hacia todas las personas que componen nuestra sociedad: una sociedad diversa, plural, variada, multicultural. Una sociedad para todas, todos y todes.
1Ver sentencia de la Corte IDH, sobre caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú y caso Perozo y otros Vs. Venezuela.
2Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IGH, supra, párr. 47
3Ver artículos 38, 39.3, 42.
Lo que dice la gente