Embarazo en la adolescencia: una perpetuación del círculo de pobreza

Por Esther Giron
Data por Caribemente

Tener derecho a la autonomía corporal significa tener el poder y la capacidad de actuación necesarios para tomar decisiones sin temor a la violencia y sin que terceros decidan por nosotros/as. Significa poder decidir si queremos tener relaciones sexuales, cuándo y con quién, que las mujeres elijan cuando  y si quieren quedarse embarazadas  y la libertad de acceder a información y  servicios de salud de calidad cuando sea necesario. Ser capaz de decir “no”, “sí” o “yo decido sobre mi cuerpo” sienta las bases de una vida digna. El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que tienen fuerte impacto en la autonomía corporal y por ende en la trayectoria de vida de miles de niñas y mujeres en América Latina y el Caribe. Sus efectos son múltiples y  no solo se  extienden al nivel de la educación, del mercado laboral y de la salud, también destacan los costos económicos a nivel agregado que el embarazo adolescente supone para el Estado y la sociedad. 

La salud es un derecho humano fundamental, consagrado en el art. 61 de la constitución de  República Dominicana, nuestro ordenamiento jurídico también incorpora  instrumentos internacionales de derechos humanos que contienen específicamente el derecho a la salud y tienen jerarquía constitucional, ejemplos  el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW manda a los Estados a erradicar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Otros importantes eventos contribuyen a la formulación y reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos, entre los que se mencionan:  La Convencion de los Derechos del Niño 1989, donde se proclamaron los siguientes principios: el interés Superior del Niño, la no-distinción entre raza, religión, sexo, idioma, por la condición social, actividades, opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o familiares, la Conferencia de los Derechos Humanos Viena 1993, donde se declaró que los Derechos de la Mujer y de la Niña forman parte integral e inalienable de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 1994, la cual consagra el compromiso de garantizar a las mujeres una vida libre de toda clase de violencia, en el ámbito público y en el privado, incluyendo el sector salud.

En la  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), realizada en la ciudad de El Cairo (Egipto, 1994), los puntos de mayor discusión estuvieron relacionados con los Servicios de Salud Reproductiva, Maternidad Segura/Maternidad sin riesgo,  Planificación Familiar/ Regulación de la Fecundidad, Servicios de Salud Reproductiva para Adolescentes y Jóvenes, El SIDA y el uso de condones. En esta conferencia se dieron los principales lineamientos sobre derechos reproductivos y relaciones entre los sexos, los cuales deben tomarse en cuenta en las políticas y planes nacionales en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Así, la CIPD plantea que la plena atención de la salud sexual implica: “la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente [la atención] a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que pueden asumir su sexualidad de modo positivo y responsable” (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994, p. 42)

En República Dominicana se constatan numerosas barreras de acceso de la población adolescente al sistema de salud fundadas, entre otras, en el desconocimiento  de los marcos jurídicos y legales que garantizan el acceso de esta población  a los derechos sexuales y reproductivos. La aproximación al tópico de la sexualidad en nuestra sociedad  todavía genera estigmas y temor  por la presencia de pautas socioculturales fuertemente arraigadas, en las cuales el tema se excluye de las conversaciones familiares, con las hijas e hijos y hasta con la pareja, por considerarse “inapropiado”, en el mejor de los casos. 

Otro gran problema es el incumplimiento de los compromisos en materia de  salud sexual y reproductiva por parte del Estado, pocos han sido los esfuerzos  que se han adoptado en el marco normativo nacional para avanzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes en el país, al grado de que la gran mayoría de la población, e inclusive servidores en posiciones de poder los desconocen,  cuando los y las funcionarias de un Estado desconocen los derechos reproductivos, o no saben enmarcar la salud  sexual y reproductiva en un marco de derechos humanos, es mucho más probable que se cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con ella. Esto acarrea grandes consecuencias para  el desenlace vital de niñas y adolescentes,  sus familias y toda la sociedad. 

La Organización Mundial de la Salud redactó  “la adolescencia es el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”. En el caso de los embarazos precoces, esta realidad es muy lejana, pero eso no es lo peor:  Las niñas de hoy en día se enfrentan a los riesgos de sufrir violencia en todos los entornos tanto en línea como en el aula, el hogar y la comunidad. La violencia sexual contra las niñas y adolescentes sigue siendo un problema que demanda una respuesta efectiva del Estado, según un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Plan International y ONU Mujeres el año pasado, en el país el 22 por ciento de las niñas o adolescentes han experimentado violencia física o sexual, de igual manera las niñas también siguen corriendo un alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y de resultar embarazadas producto de estupro. Este panorama refleja la necesidad de incluir las tres causales de interrupción del embarazo en el código penal, todo embarazo en una menor de edad constituye violación por lo que deben existir las condiciones legales para que la menor pueda acceder a la interrupción,  ningún Estado social y democrático de derecho puede permitirse obligar a sus niñas a parir, sería revictimizarlas, seguir torturándolas y condenarlas al trauma de por vida de cargar con un embarazo que no eligió y que además sus cuerpos en desarrollo no pueden soportar. En una sociedad justa, las niñas deben estar jugando, no gestando. 

En la sociedad dominicana predominan  los enfoques reduccionistas en la educación de la sexualidad, las causas del embarazo en adolescentes están estrechamente relacionadas con el nivel de educación, el empobrecimiento y el rol tradicional que aún se le asigna a las mujeres, niñas y adolescentes. Como apuntaba Freire, el camino de la educación implica siempre un compromiso desde lo cosmovisivo y lo ético; implica una elección “entre una educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para la persona-objeto o educación para la persona-sujeto”. Los enfoques reduccionistas en la esfera de la Educación de la Sexualidad  apuestan de forma explícita o implícita por la opción de persona-objeto, porque reproducen las concepciones y valores basados en la discriminación femenina, el sexismo y el encarcelamiento de la sexualidad en rígidos moldes y estereotipos, tienen carácter autoritario, dogmático y descontextualizado, al divorciar los aspectos afectivo-valorativos y cognitivos de la educación y negar la diversidad individual y el protagonismo de los/las educandos, porque no ofrecen espacios para la comunicación, el cuestionamiento, la reflexión y el compromiso y promueven, por consiguiente, personalidades conformistas, acríticas e incapacitadas para tomar decisiones en contextos cada vez más cambiantes. No es posible, desde tales perspectivas, educar hombres y mujeres para vivir en sociedades auténticamente democráticas, construidas sobre la base del diálogo, la tolerancia, la justicia, la equidad y la solidaridad.  

Quienes se oponen a la educación sexual integral a menudo sostienen que promueve la actividad sexual; sin embargo, los estudios muestran que no es así. Por el contrario, los datos demuestran que este tipo de educación, cuando se imparte de acuerdo con las normas internacionales, mejora los conocimientos de los jóvenes y constituye una estrategia fundamental y rentable para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH. Algunos estudios muestran que en realidad puede retrasar la iniciación sexual de los adolescentes (UNESCO, 2016). Los alumnos/as que reciben educación sexual integral no solo están empoderados para tomar decisiones sexuales más saludables y asertivas, sino que también están mejor equipados para buscar ayuda  en situaciones de abuso si es necesario.

Los embarazos en adolescentes generalmente ocurren de manera no intencional, en un marco de desinformación y debido a las relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos o por el uso erróneo de los mismos. Según el estudio “Unión Temprana y Embarazo en Adolescentes en la República Dominicana: Dos desafíos que persisten”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) en el 2020 cerca del 19% de las adolescentes entre 15 y 19 años en República Dominicana ha estado embarazada. Hay variaciones atendiendo a zona rural y urbana, pero las más importantes se observan atendiendo a años de estudio aprobados: solo el 9% de las que completaron 13 años o más de educación formal ha estado embarazada, frente a 41% de las que completaron de 0 a 7 años. El informe a nivel general le otorga a esta nación los primeros lugares en fecundidad en la adolescencia de América Latina y agrega que casi el 50 por ciento de las adolescentes dominicanas ignoran cómo se produce la concepción, así como su propio ciclo menstrual, razón por la que la maternidad en menores de edad en este país es principalmente el resultado de un embarazo no intencional, es decir,  la maternidad es resultado de un embarazo no intencional para la mayoría. Independientemente de la edad, por cada madre adolescente que declaró la intencionalidad del embarazo, hay tres que no lo buscaron, se estima que una de cada cuatro, termina la adolescencia siendo madre, y la mayoría sin haberlo querido.

El estudio arroja que el embarazo no intencional es la situación más frecuente entre todas las adolescentes madres, sean de cualquier estrato social, nivel educativo, religión, o región, la diferencia es con la frecuencia que ello ocurre siendo en los contextos más vulnerables mucho más frecuente y donde los esfuerzos de políticas y programas para prevenirlo deben reforzarse. El deficiente acceso a métodos de larga duración aumenta la ocurrencia de embarazos no intencionales y la demanda insatisfecha de anticoncepción es diferente siendo nuevamente los perfiles de adolescentes más vulnerables quienes se encuentran en situación de mayor necesidad, con niveles que ascienden hasta a una de cada tres, entre las más jóvenes con menor educación. La falta de conocimiento de métodos no es un factor relevante, denotando la importancia de que las mujeres aprendan que el uso debe ser sistemático, la proporción tan importante de adolescentes que declaran no haber querido quedar embarazadas evidencia la falta de uso de manera eficaz y sistemática.


Injusticias reproductivas

Los documentos de la CIPD conceptualizan la salud reproductiva como: “…un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia” (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994, p.41).

Las cifras altas de embarazos en adolescentes, la mortalidad materna,  la cifras de uniones tempranas, la necesidad insatisfecha de anticoncepción, los embarazos no deseados y  el consecuente riesgo que acarrean las mujeres y adolescentes al someterse a prácticas de abortos inseguros constituyen  las mayores injusticias reproductivas que se configuran en los Estados, y que reflejan ademas la inequidad de género, en esto juegan un papel central las políticas públicas que por acción u omisión se despliegan desde  sus instituciones, y que tienen impacto directo en el ejercicio de la autonomía corporal.  Paola Bergallo, abogada argentina insiste en que las injusticias reproductivas se materializan, entre otros, en el conjunto de factores que constriñen las decisiones reproductivas de las mujeres forzándolas a una maternidad no deseada o no planeada, o a los riesgos de un aborto clandestino en condiciones no seguras para su vida y su salud (Bergallo, 2010). Grupos antiderechos de manera errática han promovido en el país que la prohibición absoluta del aborto disminuiría la ocurrencia de los mismos, esto es absolutamente falso, la prohibición absoluta del aborto es ineficaz si lo que se quiere es reducir la cantidad de abortos, que en su mayoria son la respuesta ante un embarazo no intencional, con o sin prohibiciones. Estudios demuestran que no existe relación entre la penalización absoluta del aborto y una menor cantidad de abortos. Si lo que se desea es reducir la cantidad de abortos hay que utilizar medios eficaces, proveyendo por ejemplo en todos los niveles escolares una educación sexual integral con perspectiva de género, dotando a les estudiantes de opciones anticonceptivas accesibles, información sobre el uso de contracepción y garantizando sus derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Cuando los y las funcionarias de un Estado desconocen los derechos reproductivos, o no saben enmarcar la salud  sexual y reproductiva en un marco de derechos humanos, es mucho más probable que se cometan violaciones a los derechos humanos relacionados con ella.

“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coacción, la discriminación y la violencia”, según se establece el párrafo 96 de la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. Para ejercer ese derecho es preciso contar con información, educación y servicios de planificación de la familia, incluyendo provisión de anticonceptivos, atención prenatal y prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA. 

En las sociedades que normalizan que las niñas y adolescentes se casen  en lugar de ir a la escuela, y donde los conocimientos de la gente sobre los derechos sexuales y reproductivos, la salud y la sexualidad humana son demasiado escasos, el impacto de los embarazos en adolescentes será mayor y los riesgos para la salud de la adolescente y su hijo. Estos riesgos aumentan a medida que la edad de la gestante es menor y en especial cuando, debido a las condiciones sociales y económicas, el cuidado de la salud es inferior a lo ideal, lo cual es determinante en el desarrollo psicosocial materno posterior. El embarazo precoz  supone múltiples complicaciones médicas para las adolescentes, como riesgo de preeclampsia y eclampsia, fístula obstétrica (una lesión invisibilizada y con efectos devastadores sobre la vida de miles de mujeres) y alta mortalidad de la madre. Las adolescentes dominicanas enfrentan con sus cuerpos todo el peso de la violencia estructural patriarcal, en una sociedad desigual donde la última prioridad son los derechos de las mujeres. 

De acuerdo a estadísticas  oficiales recogidas por  Caribemente en República Dominicana  de 2,241,353  personas que dieron a luz entre 2009 y 2019, aproximadamente 34,307 eran menores de 14 años, las provincias  Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, La Altagracia y el Distrito Nacional son las  que ostentan mayores cifras de partos en adolescentes y niñas. Estos resultados, además de poner al descubierto el fracaso  del crecimiento económico del país ante indicadores sociales como la prevención del embarazo no deseado en niñas y adolescentes también obedece a una falta de datos sobre este segmento de la población, como por ejemplo datos de las niñas y adolescentes que han sido embarazadas producto de violencia sexual o incesto. Esos factores, y otros, ponen en peligro la salud y limitan el potencial de las mujeres y sus familias. 

“Todas las parejas y todos los individuos tienen el derecho básico de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios para hacerlo”. Programa de Acción de la CIPD, principio 8. Decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos: este derecho es clave para una mejor salud reproductiva para millones de adolescentes y  mujeres. Las fuerzas que impiden que las mujeres y las adolescentes disfruten de autonomía e integridad corporales así como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos incluida una educación sexual integral adecuada, se enfrentan a limitaciones de orden genérico, social, económico y cultural, situación que se agrava en los grupos sociales más expuestos, como la población adolescente.  

Es incuestionable que los enfoques reduccionistas acerca de la sexualidad humana y su educación que aún subsisten, no pueden ofrecer las respuestas que hoy se requieren, resulta entonces necesario resignificar la sexualidad y su educación con vistas a promover la formación integral de niños, niñas adolescentes y mujeres para que puedan con oportunidades equitativas  ejercer los derechos sexuales y reproductivos y satisfacer sus necesidades de aprendizaje y de desarrollo pleno de sus potencialidades. Los cambios deben darse en diferentes niveles, desde las políticas nacionales hasta la actitud de los padres y madres, así como de las familias y demás personas involucradas en programas o proyectos dirigidos a la población adolescente, en este sentido, la CIPD reconoce a la población adolescente como un grupo que presenta características particulares que requieren una atención específica: “…debería facilitarse a los adolescentes información y servicios que les ayudarán a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse con la educación de los hombres jóvenes para que se respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a sexualidad y la procreación” . Es entonces en este marco en el que se torna fundamental el fortalecimiento del protagonismo y de la capacidad de toma de decisiones de las y los adolescentes tanto en sus familias como en las instituciones que trabajan directamente con esta población. 

La autonomía corporal es fundamental para el disfrute de todos los demás derechos humanos, privar a las mujeres, adolescentes y niñas de su autonomía corporal alienta y refuerza las desigualdades y violencia generadas por la discriminación de género. Cuando las mujeres y las niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales acerca de su cuerpo, no solo ganan en términos de autonomía, sino también de salud, educación, ingresos y seguridad. Todo ello da lugar a un mundo más justo, favorece el bienestar humano y, por consiguiente, nos beneficia a todas y todos. 


Bibliografía 

UNFPA (2020). Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina. Implementación de la Metodología Milena en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Fondo de Población de las Naciones Unidas – Oficina Regional 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994, p. 42, 51

Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. P. 96

Trazos de una experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en Argentina Claudia Anzorena y  Ruth Zurbrigge

Estudio “Unión Temprana y Embarazo en Adolescentes en la República Dominicana: Dos desafíos que persisten”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) en el 2020

Mi cuerpo me pertenece, reclamar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. UNFPA 2021

UNFPA Educación sobre  sexualidad y salud sexual y reproductiva, Venezuela 2010

UNFPA Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe. México, 2001. 

Sitios de internet:  ONU, UNICEF

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