La ciudad de los mil nombres

Como con muchas otras cosas, en Santo Domingo la costumbre tiende a volverse rápidamente en la regla, y en el ajetreo de la cotidianidad pocas veces nos detenemos a pensar en la lógica del desorden en el que vivimos como consecuencia de esto. Un ejemplo cercano y evidente de esto, son los nombres de sus espacios y edificios públicos. Diariamente, navegamos por la ciudad sin entender por qué la avenida donde estamos lleva el nombre de un personaje o país extranjero, o por qué la misma avenida cambia repentinamente de nombre. Tampoco hace sentido por qué la estación Gregorio Luperón no está ni en la avenida ni en el ensanche del mismo nombre, o por qué el parque Enriquillo no está ni remotamente cerca de la avenida con el mismo nombre. Incongruencias como estas parecieran ser la norma y, de alguna manera, las hemos aceptado como parte de la idiosincrasia de la ciudad. 

No es la primera vez que se denuncian este desorden. En 2022, Domingo Caba Ramos lo hizo en su artículo “Acerca de los nombres de calles, escuelas y otras instituciones”, donde menciona todas las incoherencias que actualmente tiene el proceso de nomenclatura.  No obstante, recientemente, el tema vuelve a ser relevante por la iniciativa de veinticinco diputados que firmaron un proyecto de ley para cambiarle el nombre al ensanche Kennedy en honor a Eligio Blanco Pea alias El Pay. Sin cuestionar las intenciones de los diputados, esta noticia  continúa una larga tradición del Congreso de depositar proyectos de ley para designar o modificar los nombres de nuestros espacios y edificios públicos. De hecho, de los 193 proyectos de ley conocidos por la Cámara de Diputados desde 2020, un 55 % o 106 de estos corresponden solamente a designaciones o modificaciones de nombres de espacios y edificios públicos. 

Estas atribuciones no están incluidas en el artículo 93 de la Constitución como parte de las responsabilidades de ninguna de las dos cámaras del Congreso, ni tampoco existe ninguna ley orgánica o reglamento que contemple o regule esto como parte de sus tareas. No obstante, la práctica es generalizada y compulsiva entre los legisladores; y carece de un marco legal que regule estándares y criterios mínimos de selección y organización de los nombres. Esto ha llevado a que, en la práctica, tengamos una ciudad con mil nombres diferentes de calles, parques y edificios, que solamente coinciden en las excepciones, y que no respetan ninguna armonía con la historia, cultura o geografía del contexto donde se emplazan. De hecho, solamente en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, existen 34 avenidas, con nombres de países o personajes extranjeros con poca o ninguna relación con el país. 

En ese sentido, es importante establecer un proceso claro y estandarizado para la nomenclatura y categorización de nuestros espacios y edificios públicos que siga las siguientes sugerencias:

1. Delegar el trabajo de nomenclatura de los espacios públicos (parques, calles y avenidas) únicamente a los ayuntamientos, más específicamente a sus regidores. Adicional a esto, evitar darle dos nombres a una misma vía en un mismo municipio, como por ejemplo ocurre con el Malecón y la Kennedy que tienen tres nombres diferentes a lo largo de su trayecto.  

2. Priorizar darles los nombres de las comunidades donde se encuentren a los edificios y espacios públicos. Por ejemplo, Centro Educativo Cerro Bohío, en vez de ¨Leida Santana Tiburcio¨; o Centro Médico Boca Chica, en vez de ¨doctor Francisco Vicent Castro Sandoval¨, como se intentó hacer en ambos casos. 

3. Limitar los nombres de las autopistas y carreteras a los números que ya tienen asignados o a su ubicación geográfica. Por ejemplo, Carretera RD-5, en vez de "González Alvarado Pereyra (El Cieguito de Nagua)", o Autopista de Santo Domingo, en vez de "Doctor José Francisco Peña Gómez". 

4. Evitar nombrar un espacio público o edificio con el nombre de una persona que aun este viva, y establecer un periodo mínimo de tiempo después de su muerte para hacerlo. Esto evitará que ocurra lo que se intentó hacer con  los cuatro proyectos de ley para honrar a Pedro Martínez y el proyecto de ley para honrar a Félix Cruz Jiminian.

5. Priorizar los nombres de lugares y características geográficas por encima de la de personajes; como por ejemplo avenida Ozama en vez de avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó. En los casos donde esto no sea posible, procurar que al menos se prioricen valores, fechas importantes y acontecimientos históricos, o simplemente mantener el sistema de números y letras que de hecho ya tenían muchas calles.

6. En los casos en donde sea irremediable e indiscutible utilizar el nombre de un personaje, por lo menos priorizar que tenga algún vínculo con el país y de no utilizar su nombre completo y título profesional. Estos casos generan nombres ridículamente largos e ineficientes, como por ejemplo se intentó hacer con la calle 18 en Cristo Salvador por el nombre "Mayor General Piloto Juan Bautista Rojas Tabar, FARD".

Siguiendo las sugerencias anteriores, una propuesta para las avenidas del Distrito Nacional pudiera ser la siguiente:

Tabla 02. Sugerencias de cambios de nombres, Distrito Nacional

Más allá de lo superficial o estético que pudiera parecer este problema, especialmente considerando la cantidad de retos que enfrenta y acumula Santo Domingo; la realidad es que regular el sistema de nomenclatura de los espacios y edificios públicos ofrece la oportunidad de dar un pequeño paso hacia la construcción de una ciudad más coherente y organizada. Pero, y quizás lo más importante, abre la puerta para que nuestro Congreso pueda dedicarle más tiempo al debate de propuestas legislativas y a la evaluación de presupuestos que verdaderamente influyan en el desarrollo sostenible de la ciudad.