Por Virginia Antares
El nivel de apoyo a las tres causales, tanto dentro como fuera del partido gobernante, crea una situación sin precedentes y abre preguntas sobre las verdaderas razones de la renuencia del presidente para defender la causa.
Los actores políticos actúan en base a una de dos motivaciones: por oportunidad/costo político y por convicción/ideología. La primera se refiere al nivel de apoyo, legitimación y votos que pueden ganar o perder. La segunda se refiere a su compromiso con ideales específicos, con lo que consideran justo y con las causas con que se identifican.
Sin embargo, ninguna de estas dos motivaciones puede explicar la actuación del actual presidente Luis Abinader, ni de la cúpula de su partido gobernante, en torno a la demanda ciudadana de despenalizar en el nuevo Código Penal la terminación del embarazo en tres causales específicas.
Tomemos la primera motivación: el nivel de costo o de oportunidad política. El presidente ha tenido en bandeja de plata la oportunidad de aumentar su legitimidad y simpatía asumiendo una defensa activa de las tres causales, que cuentan con apoyo de la gran mayoría de la población (más del 60% y más de 80% para algunas de las causales) según múltiples encuestas creíbles. Pero no lo ha hecho.
Al contrario, se ha mostrado dispuesto a pagar un creciente costo político con su inacción, costo sigue subiendo cada día, en la medida en que más y más sectores se posicionan en favor de incluir las causales en el Código Penal y en la medida en que aumenta la sensación de engaño frente a las promesas de campaña y la incoherencia por parte del gobierno.
De hecho, es inédito que una causa ciudadana reciba el apoyo activo de amplios sectores del propio partido gobernante, como ha ocurrido en este caso con el manifiesto emitido por más de 50 funcionarios públicos, incluyendo ministros, vice-ministros, directores y otros. Esto representa un escenario sin precedentes y, de nuevo, aumenta el costo político de no cumplir con la promesa de campaña del PRM de incluir las causales en el Código Penal.
Talvez la prueba más contundente de que apoyar las causales es una oportunidad política son las declaraciones del propio presidente cuando era candidato, en las que recordaba a los legisladores “la responsabilidad que tienen de proteger los derechos fundamentales de la mujer dominicana” y afirmaba que el tema no se podía abordar exclusivamente desde una perspectiva religiosa porque se trata de “un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres del país”. Estas declaraciones distan mucho de la manera en que se ha referido al tema ya siendo presidente: diciendo que no puede imponer su posición porque implica “temas religiosos”.
Entonces, si la motivación de evitar un costo político (o de aprovechar una oportunidad política) no explica las actuaciones de la presidencia ni de la cúpula del PRM, evaluemos entonces la segunda posible motivación: convicción o ideología personal.
Tanto el presidente Abinader como los altos dirigentes del PRM, incluyendo su presidente José Ignacio Paliza y el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, han expresado que apoyan la demanda de las causales y que la consideran justa. A menos hayan mentido, tampoco la convicción personal explica el hecho de que no hayan incluido las causales en el proyecto de Código Penal que presentaron para discusión al Congreso y que no hayan exhortado a los legisladores del partido a cumplir con la promesa de campaña en ese sentido.
En conclusión, las actuaciones del Presidente y del PRM en torno al tema de las causales no se explican ni por motivaciones políticas, ni por motivaciones ideológicas. Esta situación tan atípica abre preguntas, sobre todo en lo relativo al único actor de la sociedad que ha expresado su rechazo militante a la despenalización de las causales: las cúpulas religiosas.
Decía el sabio Juan Bosch que en política cosas que se ven y otras que no se ven, y estas últimas son muchas veces más importantes. Resulta lógico pensar que algo no se está viendo en la relación del PRM y de la Presidencia de la República con las cúpulas religiosas, que han sido históricamente un actor político sumamente poderoso; ese algo que explicaría la renuencia a incluir las causales en el nuevo Código Penal y la disposición a incluso pagar un alto costo político por ello.
Si algún tipo de promesa se ha hecho a puertas cerradas, la ciudadanía tiene derecho a saberlo, porque los compromisos y motivaciones de sus representantes deben ser transparentes. Y en el tema de las causales todavía más, porque el costo de la incoherencia política lo pagan las mujeres de menos recursos con su salud y sus vidas.
Actualización: Agregamos las encuestas citadas por la autora del artículo.
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