Hablemos de Haití, pero ahora sin golpear la mesa

Por Lía Hernández

A partir del mes de octubre el país parece haberse embarcado en una disputa acusatoria que hoy invito a que le demos una pausa y nos dediquemos a escuchar y entender. A propósito de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, parece el momento preciso para poner las cartas sobre la mesa y preguntarnos si el Estado dominicano podrá en algún momento aplicar políticas migratorias acorde a los estándares de derechos humanos y que como nación podamos hablar sobre el tema haitiano de manera más humana. 


Un golpe simbólico


Luego del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en el mes de julio, la situación política de esa nación afrontó la cúspide de una crisis. Haití llevaba un tiempo en una inestabilidad que incluso le estaba impidiendo la celebración de elecciones y la misma escaló de tal manera que terminó en el magnicidio de su presidente. El presidente dominicano, Luis Abinader en aquel momento dijo que condenaba el hecho y que constataba un atentado contra la democracia haitiana. 

Meses después, de manera inevitable la crisis en ese país se fue acrecentando y el 28 de octubre el presidente Luis Abinader anunció que “no viajaría al Reino Unido por inseguridad en Haití”

Luego de cuatro días, el mandatario hizo un pedido de ayuda a través de sus redes sociales a la comunidad internacional por el país haitiano, estableciendo que República Dominicana “no podía asumir esa carga” y para contagiar el motor de trabajo por la soberanía nacional, durante una rueda de prensa sobre el sector agrícola, el presidente dominicano golpeando la mesa aseguró que él “debía de proteger a este país”. En ese momento, sus palabras dramatizadas apuntaron hacia un enemigo y generaron en la población una sensación de que corría peligro la soberanía nacional. 

Aquel golpe parece haber marcado el discurso que se tomaría por las autoridades de allí en adelante. 

Los próximos días prácticamente todos y todas las congresistas dominicanas/os replicaban el mismo discurso de que República Dominicana no se podía hacer cargo de Haití y que la comunidad internacional debía hacerse cargo. Mas poco caló la noticia de que Estados Unidos el 9 de noviembre advirtió que la comunidad internacional no iría “al rescate” de Haití sino que debían ser ellos mismos, los haitianos, quienes resolvieran su problema. Al tiempo en que el mandatario hizo el llamado a la comunidad internacional, alegadamente se desplegaron 12,000 militares en la frontera. 

El senador de Dajabón, David Sosa, a finales de noviembre se atrevió a pronunciarse sobre la poca efectividad de esta medida, diciendo que “Mientras más guardias en la frontera, más haitianos llegan” y que de ambos lados tanto aquí como allá “creo que es un tema más politiquero, más de tapar la situación que hablar de nuestra realidad de la frontera”.

Lo cierto es que se ha tomado la medida de deportaciones masivas, no alineadas al debido proceso, como política migratoria que al final del día solo aumentan la fuerte la corrupción que existe en la frontera dominico-haitiana. Las autoridades dominicanas cifran en 31.764 las deportaciones de haitianos efectuadas en lo que va de año, según datos aportados a Efe por la Dirección General de Migración (DGM) a fecha 25 de noviembre1.

¿Por qué ha costado establecer políticas migratorias efectivas y garantes de derechos humanos en nuestro país? La respuesta a esta pregunta es bastante extensa, pero un pilar sobresalta y es que, el control de ingreso y la regularización de las personas extranjeras en territorio dominicano significa entonces, otorgar derechos a algún grupo calificado y eso en nuestro país ha sido casi imposible.  

Un conjunto de factores como el alto nivel de corrupción en la frontera y el alto crecimiento de sectores productivos dominicanos que se ven beneficiados por la ilegalidad de los trabajadores impactan en el desarrollo de una verdadera regularización como puntualizó el escritor y biógrafo, Avelino Stanley “Desde 1918 hasta el año 2018, justo cien años, los sectores económicos mencionados: agricultura (producción azucarera e industria agrícola en general), construcción y turismo recibieron un volumen incalculable de riqueza. Las recibió solo el sector privado hasta 1961 y se integró el sector público en esa fecha. Se trata de riquezas que se acumularon haciendo uso de la mano de obra haitiana, siempre súper explotada, sobre todo por ilegal. Pero ese aporte de los inmigrantes haitianos a las riquezas de la República Dominicana ni se ha estudiado ni se ha reconocido. Solo se resalta permanentemente una creciente conducta racista y xenofóbica hacia esos inmigrantes.”2

En definitiva se captó la atención de la población al poner el tema en la agenda pública y nos encontrábamos a la espera de cuáles serían los siguientes pasos que tomaría el país al respecto. 


Llegó el momento de tomar medidas 


El 3 de noviembre el Ministro de Interior y Policía, Jesús Chú Vasquez, informó de unas medidas adoptadas en el marco del Consejo Nacional de Migración3. Dichas medidas, fueron declaraciones verbales a la prensa:

1. Auditar el Plan Nacional de Regularización para saber si las personas incluidas califican.

2. Establecer alrededor de 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros.  

3. Organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra.  

4. Limitar, solo en caso de emergencia, el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales.

Es importante recalcar que estas medidas no han sido presentadas contenidas en un acta o una resolución aunque tienen una presunción de legalidad por haber sido anunciadas por la institución correspondiente. Este tipo de actos migratorios, deben poder estar sujetos a revisión judicial, además en las declaraciones a la prensa no se explicaron los procedimientos para llevar a cabo estas medidas. 

Al ponerse en marcha, a finales de noviembre el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado sobre la reunión que tuvo con los distintos sectores productivos quienes abogaron por colaborar y  no contratar a ningún extranjero que no haya sido parte del Plan de Regularización de Extranjeros4 pasado. Además le plantearon al Gobierno fomentar la mecanización de las labores agrícolas, para de esa manera reducir la mano de obra extranjera, que es casi en su totalidad haitiana. El comunicado del Ministerio no dio a conocer la posición del sector construcción. 

El Ministro Vásquez, saludó el apoyo ofrecido por los sectores productivos del país, al considerar que “llegó el momento de unir voluntades a favor de la soberanía nacional”. 


Un golpe bajo 

La medida sobre limitar el derecho a la salud a los inmigrantes impresiona pero causó aún más revuelo el hecho de que se denunció que las autoridades de migración habían detenido a mujeres embarazadas haitianas en hospitales para luego deportarlas de forma inmediata. La denuncia fue hecha por ONG’s y circularon varios videos, entre ellos uno donde se vio a más de 20 mujeres embarazadas descender de un autobús de la Dirección General de Migración. 

Es un sorprendente golpe bajo, que nos da una idea de que la Dirección General de Migración ha desatado una cacería desbocada pero peor aún, que va por las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como son mujeres embarazadas, sin importar qué tan grave sea la violación a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano.  

El mismo director de Migración, Enrique García, afirmó “Si usted está ilegal yo lo puedo sacar debajo de la cama, (…) porque la ley me lo permite”, dijo al ser entrevistado en el programa radial El Gobierno de la Mañana. 

Expresó que la deportación de embarazadas haitianas en el país no es una acción ilegal, puesto que el reglamento de la Ley de Migración5 lo que prohíbe “es la detención de las mujeres” en esta condición y justificó que no deja a las mujeres presas en la Dirección General de Migración, sino que las manda a su país inmediatamente. 

“A Geralda, la matriarca embarazada de nueve meses, la interceptaron el pasado 10 de noviembre en la maternidad de La Altagracia, adonde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañada por su hija Wislanda, de 11 años. Acto seguido, ambas fueron deportadas…Ahora, su ausencia pesa sobre los otros cuatro hijos y dos sobrinos de Geralda.”  Agencia EFE. (2021, diciembre 1). Deportadas a Haití con un hijo en el vientre. Listin Diario.

Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República Dominicana prohíben la discriminación. La deportación de mujeres migrantes embarazadas ha sido reconocida a nivel internacional como discriminación múltiple contra la mujer y en ocasiones puede constituir violencia contra la mujer y/o de tratos crueles inhumanos y/o degradantes. 

El gobierno al querer justificar los hechos convocó a una rueda de prensa en el Palacio Nacional con el Ministro de Interior y Policía, Chú Vásquez y Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública, quien afirmó que cada día el gasto del Gobierno dominicano se vuelve más insostenible y solo en costo de atención a partos de extranjeras se destinarán RD$10,000 millones, esto sin incluir gastos médicos, ni las cesáreas, ni tampoco complicaciones. 

La distorsión sobre este tema ha resultado impactante ya que las cifras presentadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) tienen incongruencias frente a los datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), por lo cual es difícil decidir sobre cuál información desarrollar un análisis y genera incertidumbre sobre la veracidad de la información que se maneja sobre la tema. 

El informe presentado por el Ministro de Salud tiene la finalidad de brindar informaciones pertinentes de la situación actual que atraviesan los hospitales públicos a nivel nacional con las inmigrantes en situación migratoria irregular que reciben servicios en nuestro país. Sin embargo, las cifras del Servicio Nacional de Salud (SNS) no están separadas por estatus legal de las embarazadas extranjeras, por ende, abarcan tanto extranjeras en situación migratoria legal como irregular, entonces no es posible decir que el informe habla sobre la situación que atraviesan los hospitales con las inmigrantes en situación migratoria irregular. 

Dicho eso, aún se hagan estimaciones tomando la cantidad de partos registrados y el costo promedio de las cesáreas, que son los partos más caros, el dinero invertido en partos de mujeres haitianas se encuentra sumamente lejos de los 10 mil millones de pesos. 

Chanel Rosa Chupani, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud expresó “Yo la verdad creo que fue un error y espero que se aclare, cuando el Ministro de Salud dijo que aquí se gastan 10 mil millones de pesos en atención a mujeres embarazadas haitianas”… “se habla de 10,000 millones de pesos, eso es imposible que se gaste en partos porque para eso de acuerdo a los mismos datos que ofrece el Ministro de Salud Pública tendría un parto que costar más de $325,000 pesos” agregó que según los mismos datos que ofrece el Ministerio un parto normal cuesta alrededor de “5000 y pico de pesos y cuando es cesárea ronda entre 7 o 9 mil pesos. No es posible, ni siquiera en el sector privado, aquí nadie cobra $325,000 pesos por un parto”.

Este artículo es el primero de una serie donde analizamos las medidas recientes que ha tomado el gobierno y el peligro que representa un discurso generalizado anti haitiano que echa a todos dentro de la misma bolsa llamando a desconocer desde este nuevo gobierno, las deudas que tiene la República Dominicana con los dominicanos de ascendencia haitiana y las normativas alcanzadas por el país para las personas migrantes como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.





1Agencia EFE. (2021, December 1). Deportadas a Haití con un hijo en el vientre. Listín Diario.

2Stanley, A. (2018, Noviembre 14). La Sentencia 168-13 y la inmigración haitiana. País Dominicano Temático. Recuperado en Octubre 21, 2021, desde https://paisdominicanotematico.com/2018/11/14/la-sentencia-168-13-y-la-inmigracion-haitiana/

3Principal organismo de coordinación interinstitucional previsto en la Ley de Migración, responsable de la aplicación de la política nacional de migración, con la tarea adicional de asesorar al Estado en esta materia. Integrado por: Ministro de Interior y Policía, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de de las Fuerzas Armadas, Ministro de  de Trabajo, Ministro de Turismo, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Salud Pública, Ministro de Agricultura, Presidente de la Junta Central Electoral, Presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado, Presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.

4El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros(PNRE) establece los términos y condiciones para la regularización migratoria del extranjero que se encuentre radicado en el territorio de la República Dominicana en condición irregular a los fines de conducirlo a adquirir un estatus de legalidad documental bajo una de las categorías establecidas en la Ley General de Migración.    

5En su artículo 134 en reglamento de la Ley de Migración establece que la detención de personas extranjeras en situación migratoria irregular “será el último recurso” y la autoridad migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen “insuficientes” los demás recursos descritos en el reglamento. Establece además que la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo.

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