Ante la pregunta de una periodista de si cree que se repita la historia de llevar a la justicia a un exmandatario, Hipólito Mejía respondió: “Yo soy enemigo de la retaliación con los presidentes”.
Esta posición de Mejía no es nueva. En el 2000, cuando Leonel Fernández acudió al Palacio de Justicia a un interrogatorio por acusaciones de mal manejo de fondos públicos (RD$1,500 millones del Programa de empleo mínimo esencial PEME), Hipólito Mejía, en ese entonces presidente, dijo a la prensa “Si me toca a mí, yo no voy”. También pidió que dejaran tranquilo al expresidente porque era su amigo: “Déjenme tranquilo a Leonel: Leonel es amigo mío desde hace muchísimos años, no me lo ataquen.” Estas palabras no fueron bien recibidas por las y los abogados que representaban al Estado en el caso, ni por la población que pedía que la justicia actuara con independencia, un pedido que el PRD incluso había capitalizado como parte de su propaganda política.
Veintidós años después del caso PEME, ante la pregunta de si no consideraba que su posición privilegiaba a los expresidentes, Hipólito reafirmó su posición: “Yo creo que sí, deben tener privilegios porque hay que respetar a los presidentes. Es una convicción muy personal que yo la apliqué, lo que yo viví en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en varios países más, es la persecución a los presidentes, y eso es un problema mortal y eso yo se lo dije a los americanos que eso iba a traer grandes problemas, pero yo no iba a aplicar esa fórmula aquí, yo respeté mis presidentes, los respeté a todos, aunque fueran mis contrarios, incluyendo a Leonelito.”
Sin embargo, el caso PEME tampoco era el primero en el que un presidente respondía por un expediente de corrupción, ni era la primera vez que la población dominicana pedía justicia independiente. Años antes, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco se enfrentó a un juicio por desfalco que fue altamente criticado por no cumplir con el debido proceso de la ley. En 1991, Jorge Blanco fue condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de RD$73 millones. En el 2001, Hipólito Mejía retiró las demandas en contra de Jorge Blanco, algo que se consideró como un indulto. Mientras Jorge Blanco siempre dijo que su caso fue producto de una persecución política de Joaquín Balaguer, Leonel Fernandez, en el 2000-2001, también atribuyó las acusaciones por el caso PEME a una persecución política del PRD.
En República Dominicana existe una conciencia del impacto negativo de la corrupción, al ser un país con grandes deudas sociales y cuya clase política dirigente constantemente se ha visto envuelta en escándalos de desfalco, malversación de fondos públicos, sobrevaluación, entre otros delitos. Por eso, las principales manifestaciones ciudadanas de la última década han sido en contra de este flagelo. Sin embargo, actualmente hay una pugna de parte de los representantes de las principales fuerzas políticas, entre los que acusan de persecución política las actuaciones del Ministerio Público y los que dicen que el Ministerio actúa con independencia, que parece ser un capítulo más de una historia que ya conocemos. Hablamos con Carlos Morel, especialista en desarrollo político y económico, para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.
¿De dónde vienen opiniones como las de Hipólito Mejía en este contexto?
Carlos Morel –Las opiniones del expresidente Hipólito Mejía reflejan una tradición autoritaria que existe en República Dominicana. Esta básicamente se reduce a lo siguiente: se entiende como bueno y moralmente válido respetar a la autoridad, mientras que al mismo tiempo, no se tiene una expectativa de responsabilidad de quienes tienen el poder. Es decir, si yo soy Presidente, la gente me tiene que respetar porque yo soy el presidente, soy la figura máxima del país. Pero eso no implica, en el sistema de político de República Dominicana, un aumento en la responsabilidad moral, política o legal que yo le debo al país. Esa es una forma de pensar que hemos heredado del trujillismo y desde antes.
Ahora mismo, nos enfrentamos a un momento donde eso está en cuestionamiento, y existe una demanda democrática por transparencia e institucionalidad. Cumplir esta demanda, pasa por desarrolla una institucionalidad que no sea dependiente de la moralidad individual de un presidente o una representante. No importa si tú ves bien o mal que se persiga penalmente a un ex¬presidente, este tiene que ser culpable de los actos de corrupción durante su mandato, ya sea que los haya cometido o que deliberadamente, los haya permitido.
¿Estamos ante una persecución política?
CM –Ante la cuestión de si estamos frente a una persecución política, es decir, si los procesos penales puestos en marcha desde la Procuraduría General de la República, responden a un intento deliberado de desbaratar un grupo político utilizando la justicia de manera selectiva, debemos de asumir la realidad. En un país con tantas lagunas institucionales como lo es República Dominicana, es casi imposible que hablemos de un proceso judicial en contra de altos funcionarios que no tenga un contenido político. La pregunta debería ser si este contenido político está llevando a la posibilidad de una institucionalidad mayor en República Dominicana o está llevando a simplemente el cambio de un grupo de poder sobre otro. Frente a esto creo que hay tres preguntas que pueden ayudarnos a ver si lo que está pasando o lo que podría ocurrir es algo positivo o negativo.
La primera es: ¿Esa persecución política representa o no una demanda democrática del pueblo dominicano?. A mi entender, sí. Representa una demanda democrática porque a un expresidente que fue democráticamente electo, desde la población se pide que haya justicia frente a los actos que él haya cometido o haya permitido cometer. Y, esta exigencia se le está demandando a otro gobierno democráticamente electo.
La otra cuestión es si realmente está respondiendo a la incorporación o al desarrollo de una justicia que tenga cada vez más capacidad para actuar de manera independiente. El Ministerio Público de República Dominicana por diseño no es independiente, y es un diseño que responde a la forma en la que se desarrolló la política criminal y de justicia desde el ejecutivo en la mayoría de las democracias representativas. Sin embargo, se ha demostrado que crea un problema al darle al ejecutivo una capacidad de controlar quién va y quién no va a la justicia, lo cual puede ser fácilmente abusado.
Por esto, desde hace unas décadas, ha habido una tendencia en buscar diseños institucionales desde diferentes países para darle al Ministerios Público y entes similares más independencia. En mi opinión, en principio, que se comience a perseguir a funcionarios altos en un país donde la corrupción es tan transversal, representa un movimiento hacia la independencia, aunque no asegure que esto se concretice.
Por último, debemos preguntarnos si el gobierno actual esta haciendo esfuerzos reales en modificar la estructura legal de la Procuraduría General de la República, y veremos en los próximos años proceso de buscar y crear desde el Ejecutivo y desde el Congreso formas institucionales que garanticen un mayor nivel de independencia del Ministerio Público. Lo que no podemos es pretender que la persecución de la corrupción se ponga en pausa hasta que eso se alcance, porque se corre el peligro de que de perpetuar el problema de impunidad.
Aunque es posible que si en 2 o 3 años un proceso en contra de una oposición política demuestra ser una forma de un bando desbaratar a otro, es un riesgo que hay que asumir, sin que esto implique que la población deje de demandar una justicia más independiente. Dicho esto, debemos considerar que la política y las políticas públicas no son solamente conceptos y formas legales, son realidades que existen como resultado de las estructuras de poder, es decir, independientemente de los esfuerzos institucionales que se hagan, el Ministerio Público no va a ser realmente independiente si no es como resultado de una demanda constante de la ciudadanía, y cuyo cumplimiento sea una de las razones por la cual un gobernante pueda mantener o perder el poder. Si en 4 años el pueblo dominicano entiende que lo que ha habido aquí es una persecución política, eso debería convertirse en un catalizador para debilitar las posibilidades electorales del gobierno actual.
Quiero recalcar que la opinión del expresidente Mejía, no es nada más que una contribución a la cultura de impunidad que existe en República Dominicana. La élites del país se aprovechan de que más allá de los problemas en los diseños legales e institucionales del país, hay una cultura de impunidad, una cultura de ejercer poder desmedidamente, una cultura de entender que el poder y el ejercicio del poder significa un descontrol de parte del que le ha sido otorgado el poder desde el pueblo a través de las elecciones.
¿Crees que la posición de Hipólito también tenga un componente de trauma después de lo sucedido con Guzmán y con Jorge Blanco?
CM –Es indudable que Hipólito fue afectado por eso. Pero hay que considerar dos cosas:
1- Descontextualizar lo que le sucedió al PRD en ese tiempo de todas las tramas autoritarias del balaguerismo lleva a un análisis vacío de lo que ocurrió. Estamos hablando de que Balaguer fue un presidente dispuesto a usar la fuerza del Estado para violar el derecho a la vida de sus ciudadanos. No asumir el significado de la dictadura, y sus diferencias con los gobiernos actuales (independiente de los vicios autoritarios que se mantienen) no lleva a erradamente entender que simplemente lo que ocurre hoy es lo mismo que antes. Esto es un reflejo de un pesimismo histórico, que termina por beneficiar a las élites corruptas. Peor aún, Hipólito en su gobierno le rindió culto a Balaguer (recordemos que fue declarado Padre de la Democracia Dominicana por un congreso perredeísta y que el expresidente Mejía se reunió con Balaguer cuando triunfó). De esta manera, queda afianzado un sistema autoritario que solo beneficia a una especie de “clase política”, y de normalizar el cambio de actores sin cambio de política.
2- Independientemente de lo anterior, es inaceptable utilizar tus malas experiencias para emotivamente justificar un tranque al desarrollo institucional de República Dominicana. Hipólito no está haciendo un esfuerzo explicativo extenso que prueba qué el peligro de perseguir judicialmente a expresidente haga la impunidad algo más beneficioso para la República Dominicana a la larga. Simplemente está pidiendo un privilegio para un grupo de ciudadanos sobre esto, y manteniendo desde una posición emotiva e individualista, una lógica de carta blanca para quien tenga el poder.
Lo que dice la gente